Por: Kenny De Ita Carranza.
Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señalado formalmente por el Estado mexicano como autor y/o participe de los delitos de tortura, desaparición forzada, alteración de evidencia y coacción de servidores públicos, relacionados con el caso Ayotzinapa, se define a sí mismo y es presentado por la prensa israelí como un “Refugiado político”.
En sentido estricto, el asilo político se otorga a aquellas personas que, por cuestiones humanitarias, son perseguidas por la autoridad judicial de su país de origen. En relación con la causa política, se considera que procede a razón de ideas, ideología o posturas, así como por delitos políticos, como lo son rebelión, insurgencia o sedición.
Cada nación a la que se le haya solicitado asilo político, deberá, de acuerdo con sus criterios, evaluar si lo concede o no. Para ello el Estado receptor analizara el estatus jurídico y procesal del solicitante. No obstante, el análisis no siempre es imparcial. Más aun cuando pueden existir intereses o vínculos de por medio, como es el caso de Tomás Zerón de Lucio con la compra del software espía Pegasus a NSO Technologies (empresa israelí).
Es vital para el contexto de este caso, saber que entre México e Israel no existe un tratado de extradición vigente, pero sí un acuerdo de cooperación jurídica, puesto que a Tomás Zerón se le acusa de violaciones de los derechos humanos. Al respecto, en su momento el ex canciller Marcelo Ebrard puntualizo lo siguiente: “Ambos países estamos obligados a actuar como si hubiese tratado de extradición cuando hay crímenes o delitos en ese orden que van en contra de los derechos humanos. Entonces ya está en manos de las autoridades correspondientes de Israel”.No obstante, no han sido pocos los voceros no autorizados que han hecho saber que no existe esta posibilidad.
Así mismo, es prioritario destacar que la carpeta de investigación criminal que contempla en contra de Tomás Zerón los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, se habrían cometido gracias a la compra ilícita del sistema de espionaje telefónico Pegasus. Por lo que una empresa de software israelí estaría relacionada con uno de los crímenes de Estado más importantes en la historia reciente de México.
Por otra parte, no es un secreto alguno que Liora Turlevsky, Yediot Ahronot y la inteligencia Israelí ha intentado victimizar y blanquear la imagen de Tomás Zerón, pues él ha descrito como “(…) Un perseguido político, ex jefe de la FBI mexicana, quien lideró el operativo para detener a Joaquín El Chapo Guzmán en dos ocasiones, y en quien en Israel ahora está dedicado a reflexionar sobre el significado de la vida, el pensamiento y el aprendizaje.”
La hipótesis de que intereses de inteligencia abogan por la no extradición de Tomás Zerón, toma fuerza a razón de la poca afable postura de Israel ante la migración de no judíos. Para tal muestra, puede hacerse una comparación entre dos mexicanos refugiados en Israel. Por una parte el mencionado Zerón y por otra Andrés Isaac Roemer Slomianski, quien si tiene nacionalidad israelí y por tanto, es amparado por sus leyes. Pues según la Ley de Retorno de 1950, aprobada por la Knesset después de la guerra árabe-israelí de 1948, aquellos judíos que decidan mudarse y establecerse en Israel adquieren la nacionalidad israelí.
En contraste Israel ofrece a los migrantes africanos 3.500 dólares y un billete de avión para abandonar el país, en dirección a sus lugares de origen o a terceros países con los que mantienen acuerdos. Por lo que cabe hacerse la pregunta ¿Qué valor tiene Tomás Zerón para Israel?.
