A dos años de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exige que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez y los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) asuman la responsabilidad de reparar los daños a las víctimas. Además, se exige que se verifique la construcción de nueve nuevas viviendas y se regularicen 23 colonias para prevenir futuros incidentes.
En su recomendación 169/2023, la Comisión Nacional constata que tanto las autoridades federales como municipales fueron negligentes al no garantizar la integridad de los habitantes de la junta auxiliar de la capital poblana. Permitieron la construcción de viviendas en áreas cercanas a los ductos sin implementar medidas de seguridad adecuadas en una zona donde haya ductos de hidrocarburos.
Como resultado de esta omisión, el 31 de octubre de 2021 se produjeron diversas explosiones debido a una toma clandestina de gas LP, afectando a 265 habitantes. Lamentablemente, cinco personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas. Es por esto que la CNDH insiste en que se reparen los daños a las víctimas y se tomen las medidas necesarias para evitar que eventos similares ocurran en el futuro.
“A partir del análisis de las evidencias, la CNDH pudo acreditar que PEMEX y el Ayuntamiento de Puebla no actuaron con la debida diligencia para adoptar las medidas necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía por construcciones irregulares en el lugar de los hechos, por lo cual resultan responsables de las consecuencias de la extracción ilegal de gas, en tanto que tienen un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de distribución y transporte por ductos de sustancias peligrosas como el gas” CNDH