INICIOS
Político ecuatoriano, presidente de la república entre 1984 y 1988. Ingeniero titulado en Estados Unidos, fue presidente de la cámara de comercio de Guayaquil antes de afiliarse al Partido Social Cristiano, por el que fue diputado en 1979.
Candidato conservador, fue elegido presidente de la república en 1984. En la primera vuelta de las elecciones consiguió menos votos que su rival, el socialdemócrata Rodrigo Borja, al que sin embargo superó en la segunda vuelta. Tomó posesión como presidente el 10 de agosto de 1984 y gobernó hasta 1988 con mano dura, bajo el lema “pan, techo y empleo” y poniendo en práctica políticas neoliberales.
ELECCIONES…
Durante su mandato se produjo una fuerte represión de la izquierda y del movimiento Alfaro Vive ¡Carajo!, un grupo guerrillero revolucionario. Abrió además un proceso por malversación de fondos contra el ex presidente Osvaldo Hurtado. En 1986 tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado del general Frank Vargas Pazos, y un año después fue secuestrado durante once horas por soldados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana partidarios de Vargas, que exigían su liberación.
Tras ser relevado en la presidencia por Rodrigo Borja, León Febres Cordero concurrió a las elecciones municipales de 1992, en las que resultó elegido alcalde de Guayaquil. Al frente de la alcaldía de esta ciudad llevó a cabo grandes obras de infraestructura; cuatro años después venció de nuevo en las elecciones e inició un segundo mandato. Volvió a ser diputado en 2002 y 2006, aunque el 5 de enero de 2007, antes de comenzar la legislatura, renunció al escaño alegando problemas de salud. En 2008 se sometió a un tratamiento contra un cáncer de pulmón en un hospital de la ciudad estadounidense de Tampa. Falleció el 15 de diciembre de 2008 en Guayaquil.
TRAS SU MUERTE
En el momento de su fallecimiento estaba siendo investigado por la denominada Comisión de la Verdad, que buscaba aclarar múltiples denuncias de violaciones de los derechos humanos acaecidas durante su administración. Figuraba también entre los cinco ex presidentes que, según la fiscalía, debían declarar por la implicación de sus gobiernos en contratos ilegales de deuda externa.