Dina Boluarte es destituida: el Congreso vota su salida del poder
La noche del jueves 9 de octubre de 2025 pasará a la historia política del Perú. El Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, declarando su “incapacidad moral permanente” para ejercer el cargo.
En una sesión plenaria marcada por la tensión y la unanimidad política, 120 congresistas participaron en la votación, con 119 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. Posteriormente, se integró el voto faltante también a favor, completando así la remoción total de Boluarte del cargo.
La mandataria no acudió al llamado del Congreso, y con su ausencia se cerró un ciclo de inestabilidad, protestas sociales, investigaciones judiciales y un profundo desgaste político que terminó por fracturar su relación con el Parlamento y con la ciudadanía.
Por qué el Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte
La decisión de destituir a Boluarte responde a una serie de factores que, acumulados durante su gestión, desembocaron en la pérdida de legitimidad y respaldo político. A continuación, los principales motivos detrás de su destitución:
Falta de autonomía y dependencia política
Boluarte asumió la Presidencia en diciembre de 2022, tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo. En aquel momento, la exvicepresidenta se presentó como una figura de unidad nacional, pero rápidamente se distanció de las bases que la llevaron al poder.
Su alianza con las fuerzas conservadoras del Congreso —que inicialmente la protegieron— terminó convirtiéndose en su mayor debilidad. La mandataria abandonó el discurso de izquierda que caracterizó al gobierno de Castillo y se alineó con sectores de derecha, lo que provocó un quiebre con gran parte de la población y de su propio electorado.
La situación se agravó cuando, en lugar de convocar elecciones anticipadas como exigían las masivas protestas sociales, Boluarte optó por mantenerse en el cargo hasta 2026, respaldada por las bancadas parlamentarias que hoy firmaron su salida.
Rechazo popular y pérdida de legitimidad
Durante meses, la popularidad de Dina Boluarte se mantuvo por debajo del 3%, una de las cifras más bajas registradas por un mandatario en América Latina.
El Congreso tampoco se salvó de la desaprobación: apenas el 5% de los peruanos respaldaba su labor, según encuestas locales.
La represión de las protestas tras la destitución de Castillo, que dejó más de 50 muertos, destruyó cualquier intento de legitimidad. Boluarte fue acusada de haber permitido el uso excesivo de la fuerza y de desatender los reclamos sociales que pedían su renuncia.
Este creciente descontento fue el preludio de su caída, cuando incluso los partidos que antes la sostenían comenzaron a marcar distancia para no cargar con el costo político de su impopularidad.
Investigaciones judiciales y el escándalo del “Rolexgate”
A los cuestionamientos políticos se sumaron graves acusaciones de corrupción.
La Fiscalía peruana abrió varias investigaciones contra Boluarte, entre ellas el caso “Rolexgate”, en el que se le señala por recibir relojes de lujo y otros objetos de alto valor a cambio de favores políticos.
Otros procesos la acusan de falsificación de documentos y ocultamiento de información tras haberse sometido a procedimientos estéticos sin notificar su ausencia al despacho presidencial.
Pese a todo, el Congreso la había blindado en múltiples ocasiones, evitando que avanzaran las investigaciones.
El Tribunal Constitucional incluso emitió una polémica resolución que limitaba las atribuciones del Ministerio Público para investigar a la presidenta en funciones. Sin embargo, el cúmulo de denuncias finalmente fue insostenible, incluso para sus aliados más leales.
Crisis de seguridad y protestas sociales
El detonante final de la crisis fue la creciente ola de inseguridad ciudadana y violencia en Lima y otras regiones.
Las protestas lideradas por colectivos juveniles —en especial la llamada “Generación Z”— y un paro masivo del transporte urbano paralizaron la capital en los días previos a la votación.
La población exigía acciones concretas ante el aumento de extorsiones, asesinatos y casos de corrupción policial.
La incapacidad del Gobierno para responder a la crisis de seguridad aceleró la decisión del Congreso, que prefirió cerrar filas para evitar mayores disturbios. En este contexto, el Parlamento declaró la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”.
José Jerí asume la Presidencia de Perú
Tras la votación, el Congreso designó al legislador José Jerí, del partido democristiano Somos Perú, como presidente interino de la República.
Jerí juramentó durante la madrugada del viernes 10 de octubre y anunció que encabezará un “gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional”, con el compromiso de llevar al país hasta las elecciones generales de abril de 2026.
Durante su primer discurso, el nuevo mandatario aseguró que su prioridad será combatir la delincuencia y restablecer el orden público.
“Debemos declararle la guerra a la delincuencia. Tenemos a nuestras fuerzas armadas y a nuestra policía nacional listas para actuar”, declaró Jerí, al tiempo que pidió apoyo al Poder Judicial y al Ministerio Público.
Una larga historia de presidentes destituidos en Perú
Con la salida de Boluarte, José Jerí se convierte en el séptimo presidente peruano en apenas siete años, confirmando el ciclo de inestabilidad política que caracteriza al país desde hace décadas.
Desde el año 2000, ningún presidente ha logrado completar su mandato. Casos emblemáticos incluyen:
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Alberto Fujimori (1990-2000): destituido tras un escándalo de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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Alejandro Toledo (2001-2006): condenado a más de 20 años por sobornos del caso Odebrecht.
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Alan García (2006-2011): se suicidó en 2019 cuando iba a ser arrestado.
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Ollanta Humala (2011-2016): sentenciado por aportes ilícitos de campaña.
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Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): renunció por acusaciones de lavado de dinero.
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Martín Vizcarra (2018-2020): destituido por “incapacidad moral”.
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Pedro Castillo (2021-2022): encarcelado tras intentar disolver el Congreso.
Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la caída de Castillo, se suma ahora a la lista de mandatarios destituidos antes de concluir su mandato.
La “cárcel de los presidentes”: símbolo de la crisis política
El penal de Barbadillo, en Lima, se ha convertido en un símbolo de la inestabilidad del país. En esa prisión han estado recluidos varios expresidentes, incluyendo Fujimori, Toledo, Humala y Castillo, y podría convertirse en el próximo destino judicial de Boluarte, dado que la Fiscalía ha solicitado impedimento de salida del país mientras continúan las investigaciones en su contra.
Analistas señalan que el caso peruano representa un fenómeno único: la institucionalización de la inestabilidad, donde la corrupción, el uso político del sistema judicial y la falta de partidos sólidos han creado un ciclo de crisis sin fin.
Un país en busca de rumbo
El futuro de Perú es incierto. Las próximas elecciones de 2026 contarán con más de 40 precandidatos presidenciales, muchos sin respaldo partidario.
Según el constitucionalista Aníbal Quiroga, el país vive una “democracia fragmentada”, dominada por intereses personales y una clase política desconectada de la ciudadanía.
“Lo que más produce Perú, después del café, son candidatos presidenciales”, ironizó el experto.
Por su parte, el nuevo mandatario José Jerí llamó a la unidad nacional y pidió “sabiduría para conducir al país en tiempos de crisis”, mientras el Congreso busca recomponer su legitimidad ante una población que ha perdido la confianza en sus instituciones.
Una nueva etapa para Perú
La destitución de Dina Boluarte marca un nuevo capítulo en la historia reciente del Perú. Con un Congreso fortalecido, un Ejecutivo interino y una sociedad profundamente polarizada, el país enfrenta nuevamente el desafío de reconstruir su estabilidad política.
Mientras tanto, la ciudadanía exige justicia, transparencia y un liderazgo capaz de romper con el ciclo de corrupción y autoritarismo que ha marcado a las últimas administraciones.