El municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, vivió una jornada de movilización social intensa tras conocerse un acuerdo entre el gobierno local y la empresa Concesiones Integrales, que ha generado gran inconformidad entre los habitantes.
En protesta por esta decisión, los habitantes de Xoxtla bloquearon por más de ocho horas la autopista México-Puebla en ambos sentidos, generando un fuerte impacto vial y una gran atención mediática. La protesta refleja un profundo descontento por la falta de consulta ciudadana y la aparente vulneración del derecho al agua en una zona que ya enfrenta escasez del recurso hídrico.
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¿Xoxtla en Crisis? El agua en disputa
Según los vecinos, desde hace tres años se han opuesto activamente a cualquier intento de extracción masiva de agua de este pozo con fines externos. Denuncian que el acuerdo fue tomado sin su consentimiento por la actual presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Señalan que el pacto con Concesiones Integrales se firmó de manera unilateral y sin transparencia.
La empresa Concesiones Integrales, en conjunto con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), tendría acceso a la mitad del agua del pozo número 4 para redirigirla a zonas residenciales de la capital poblana.
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Acciones ciudadanas y bloqueos carreteros
La primera manifestación masiva ocurrió la noche del miércoles, cuando pobladores bloquearon la autopista. Aunque se retiraron al obtener el compromiso de una reunión con la Secretaría de Gobernación estatal, al no concretarse dicha cita, los manifestantes decidieron retomar el bloqueo el jueves a las 13:00 horas, prolongándolo hasta las 21:00 horas.
Durante este segundo bloqueo, los ciudadanos anunciaron que se organizaría una consulta pública el viernes a las 10:00 de la mañana, para decidir si intensificarían las medidas de presión. Los bloqueos fueron decididos de forma democrática en una asamblea comunitaria, en la que los pobladores exigieron a la alcaldesa respetar un convenio firmado en 1997, que establecía que la extracción de agua se detendría si el recurso comenzaba a escasear en la localidad.
La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se solidariza con Xoxtla
Organizaciones como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida manifestaron su respaldo a la población de Xoxtla, denunciando lo que calificaron como un acto de despojo. En un comunicado, esta agrupación señaló que la entrega del 50% del agua del pozo a la capital del estado representa un acto de injusticia, y alertaron sobre posibles represiones gubernamentales.
“El pueblo de Xoxtla se ha levantado con digna rabia”, expresaron los firmantes del comunicado, haciendo un llamado a la solidaridad nacional para difundir la lucha por el agua.
Respuesta de las autoridades y acuerdos iniciales
La Secretaría de Gobernación estatal, encabezada por Samuel Aguilar Pala, intentó mediar en el conflicto mediante una mesa de diálogo con el Cabildo de Xoxtla. En dicha reunión, se acordó esperar los resultados de una próxima asamblea pública, respetando la autonomía municipal. La Segob también pidió evitar bloqueos carreteros que afecten a terceros.
Posteriormente, los pobladores liberaron la autopista México-Puebla, y se estableció que no se realizarían nuevos cierres mientras se respetaran los acuerdos alcanzados. Uno de los puntos más importantes fue la suspensión de toda actividad en el Pozo número 4, medida que permanece vigente.
Además, el gobierno municipal convocó a una sesión de Cabildo abierta al público para el próximo lunes 2 de junio, donde se abordarán todos los temas relacionados con la extracción del agua.
Presencia de fuerzas armadas y retiro del resguardo militar
Durante los días más tensos del conflicto, el pozo número 4 fue resguardado por elementos de la Secretaría de Marina, Sedena y la Policía Estatal. Esta decisión fue interpretada como una muestra de buena voluntad por parte del gobierno, aunque algunos sectores siguen demandando garantías legales de que no se retomará el proyecto extractivo.
Controversias políticas: cruce de acusaciones entre administraciones
A este conflicto se sumó un choque político entre administraciones municipales. El 13 de mayo, el gobierno actual (2024-2027) encabezado por Guadalupe Ortiz Pérez, difundió un comunicado en el que se responsabiliza a la administración anterior, liderada por Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz (Morena), de haber iniciado las gestiones para la rehabilitación del pozo número 4.
En respuesta, la ex alcaldesa acusó a la actual administración de realizar acciones persecutorias e ilegales, utilizando un documento sin validez jurídica (una simple minuta de trabajo) para intentar justificar la entrega del agua. Anunció además que llevará el caso ante tribunales locales y federales, asegurando que se trata de un intento de dañar su imagen política.
Ausencia de la alcaldesa y nueva convocatoria ciudadana
El pasado 28 de mayo, los pobladores convocaron a una nueva junta pública en el zócalo municipal. Sin embargo, la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez no se presentó, lo que provocó un nuevo llamado a bloquear la autopista México-Puebla a la altura del municipio, en ambos sentidos.
Los líderes comunitarios insisten en que el agua no debe venderse, y exigen que la presidenta rinda cuentas públicas ante los pobladores, al tiempo que solicitan garantías jurídicas claras para proteger los derechos sobre los recursos hídricos del municipio.
La lucha por el agua en Xoxtla continúa
El caso de San Miguel Xoxtla se ha convertido en un símbolo de la resistencia popular por el derecho al agua, un recurso vital que, ante la creciente urbanización y presión empresarial, se ha vuelto cada vez más disputado.
La población local ha demostrado una organización sólida y un alto nivel de conciencia social, exigiendo que las decisiones que afectan sus vidas se tomen de manera democrática, transparente y con pleno respeto a sus derechos. El conflicto todavía no se ha resuelto del todo, pero ha abierto un debate profundo sobre la gestión del agua en México, la autonomía municipal y el papel de las empresas privadas en la administración de los bienes comunes.
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