Paridad de Género en las Elecciones Judiciales: Una Revolución Pendiente

En el proceso electoral de 2025 para la elección judicial en México, el principio de paridad de género representa un reto urgente que pone a prueba la voluntad política de transformar las estructuras que reproducen la misoginia institucional del país. Esta reforma, que busca revolucionar la forma de elegir a juezas, jueces, magistradas y magistrados, tiene una cara que no podemos ignorar: la lucha por una justicia imparcial requiere una verdadera inclusión de las mujeres en el poder judicial. Y aún más, solo alcanzaremos la paridad si enfrentamos y eliminamos la resistencia sistemática de un orden que históricamente ha excluido, silenciado y minimizado la presencia de las mujeres en los espacios de decisión.

Insaculación y paridad: ¿mecanismos suficientes para garantizar igualdad?

Aunque el proceso plantea una selección judicial democrática, libre de intervención política directa, las estructuras de poder que sostienen a la élite judicial no cambiarán con mecanismos aleatorios como la tómbola utilizada para depurar aspirantes. La insaculación y el sorteo de candidaturas, si bien evitan la politización directa, no corrigen la desigualdad histórica que impide a las mujeres acceder en igualdad de condiciones a los cargos judiciales.

La realidad muestra que el sistema judicial mexicano conserva un dominio masculino, donde las mujeres, a pesar de resultar las más afectadas por las decisiones judiciales, siguen sin participar equitativamente en los espacios donde se toman esas decisiones. Esta situación responde a una tradición machista profundamente enraizada en la institución judicial.

Participación femenina: una deuda histórica en el Poder Judicial

Al cierre de 2022, las cifras oficiales mostraron que apenas el 30% de quienes aspiraban a magistraturas y juzgados eran mujeres, un dato alarmante considerando la proporción femenina en la población general. Y aunque algunos avances resultan evidentes en la inclusión de mujeres en cargos judiciales, los puestos más altos continúan en manos de hombres, reflejando una política de “inclusión” que no supera las cuotas simbólicas.

El número de mujeres en el Poder Judicial no ha producido un cambio sustancial en la dinámica de poder; más bien, el sistema ha integrado a las mujeres dentro de los márgenes establecidos por un orden patriarcal que permanece intacto en su esencia profundamente desigual.

Una reforma judicial con enfoque de género: el gran pendiente

Este escenario exige una reforma profunda. No podemos reducir la paridad de género a un principio abstracto o a un discurso vacío. Debemos colocar la paridad en el corazón de la reforma judicial, implementando estrategias específicas que reconozcan las barreras históricas que han marginado a las mujeres.

El sistema judicial mexicano, en su estructura más profunda, no solo requiere representación de género: necesita una justicia de género auténtica, que cuestione las decisiones de tribunales históricamente indiferentes ante feminicidios, violencia doméstica, discriminación laboral e impunidad de los agresores.

No solo seleccionar mujeres, sino transformar el sistema

Además, la reforma judicial debe ir más allá de la forma de seleccionar jueces: debe transformar prácticas, narrativas y leyes diseñadas históricamente por y para los hombres. La participación de las mujeres en la justicia no debe limitarse a cifras, sino que debe reconfigurar los principios fundamentales del sistema judicial.

No basta con colocar a una mujer en un cargo; ella debe contar con el poder necesario para transformar las instituciones desde dentro, con una mirada crítica que cuestione la visión patriarcal del derecho, un marco legal que tradicionalmente ha ignorado las perspectivas y necesidades femeninas.

Políticas públicas y cultura institucional: pilares de la paridad

Las políticas públicas deben fomentar una inclusión real y efectiva que no se limite a lo legal, sino que transforme la cultura institucional. Solo lograremos la verdadera paridad de género cuando dejemos de tratar a la mujer como una adición al sistema y la reconozcamos como un pilar estructural de la justicia.

La paridad debe ir acompañada de medidas concretas que impulsen el ascenso de las mujeres en el poder judicial, como políticas que promuevan el trabajo compartido y desmantelen las expectativas de dobles jornadas laborales, tan frecuentes en los espacios de poder.

Paridad de género en la justicia: una revolución necesaria

Si queremos un sistema judicial verdaderamente representativo, debemos cuestionar sus cimientos. La paridad de género no representa un favor ni una concesión; constituye una necesidad estructural para garantizar una justicia incluyente.

No basta con aumentar el número de mujeres en el sistema judicial: necesitamos que su presencia transforme radicalmente la forma de pensar y aplicar la justicia en México.

El proceso de selección judicial de 2025 representa una oportunidad para avanzar hacia una democracia auténtica, en la que la paridad de género no se trate como meta secundaria, sino como principio rector de todas las decisiones del poder judicial.

La justicia que aspiramos construir debe nutrirse de una conciencia feminista que no solo defienda los derechos de las mujeres, sino que transforme las estructuras de poder, permitiéndoles ejercer el derecho con la misma autoridad, justicia y legitimidad que sus pares masculinos. En pocas palabras, no elegimos la paridad como opción; la necesitamos como revolución.

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