El sábado 26 de julio de 2025, el Auditorio de la Escuela Libre de Psicología, en la ciudad de Puebla, fue sede del histórico “Foro para Impulsar la Reforma del Artículo 27 de la Constitución”. Este evento reunió a destacadas figuras del pensamiento crítico y movimientos sociales para analizar y proponer una transformación legal y estructural del artículo que protege la propiedad de la tierra en México.
Participaron ponentes con amplia trayectoria en temas sociales, jurídicos y políticos, como Dolya Naval, quien introdujo el concepto de Territorio Intangible y Soberanía Digital Nacional, alertando sobre los riesgos del control extranjero de los datos y la infraestructura digital. Asimismo, el Dr. Sergio Barrales habló de los deberes del Estado con los pueblos campesinos e indígenas, mientras que José Jacobo Femat presentó la exposición de motivos de la propuesta de reforma, apelando al espíritu original de justicia social del artículo 27.
Organizaciones participantes: una articulación nacional por la justicia social
Entre las organizaciones convocantes y participantes estuvieron la Escuela Libre de Psicología, organizaciones feministas, el COCYP, la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS), el Movimiento Comunista Mexicano, el Movimiento Popular Progresista, y el Movimiento Esperanza para la Transformación Social (METS).
Estas organizaciones coincidieron en la urgencia de restaurar la propiedad social de la tierra, frenar la privatización y construir una agenda nacional con base en la soberanía, la justicia y el bienestar común. La pluralidad del foro reflejó el carácter transversal de la lucha por la tierra: un tema que atraviesa el desarrollo económico, el medio ambiente, la identidad cultural y la soberanía nacional.
El manifiesto de la ANICS: una reforma desde el campo para la nación
Durante el foro, la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) presentó su manifiesto político, en el que denunció que la clase campesina ha sido históricamente marginada por los modelos económicos neoliberales, especialmente tras la reforma al Artículo 27 de 1992. Dicha reforma permitió la privatización de los ejidos y desmanteló gran parte del tejido social campesino, generando despojo, migración forzada y pobreza.
La ANICS exige una nueva reforma constitucional que reconozca y proteja:
- La biodiversidad y el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el agua y el espacio radioeléctrico como patrimonio común.
- La propiedad social como figura jurídica con derechos plenos, equiparable o superior a la propiedad privada.
- El carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los ejidos, comunidades agrarias y territorios indígenas.
- El reconocimiento de los ejidos y comunidades agrarias como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asimismo, el manifiesto plantea que el Estado debe garantizar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, reconociendo a la clase campesina como sujeto estratégico en la planeación del desarrollo nacional. Esto incluye el derecho a salud, vivienda, energía, alimentación, seguridad, jubilación y pensiones.
La seguridad alimentaria como dimensión de la seguridad nacional
Uno de los elementos más relevantes del manifiesto es la afirmación de que la producción nacional, la autosuficiencia alimentaria y la soberanía del territorio no sólo son cuestiones sociales o económicas, sino pilares de la seguridad nacional. De esta manera, el control sobre los bienes comunes y la organización territorial productiva no puede quedar en manos privadas o extranjeras.
Esta visión propone una transformación profunda del modelo de desarrollo rural en México, articulando los intereses del campesinado con el bienestar de la nación, bajo principios de justicia, equidad y sostenibilidad.
Acciones convocadas: el campo se organiza para defender sus derechos
La ANICS no se quedó en el diagnóstico. A través del foro se presentó una ruta de acción nacional para avanzar en la reforma, incluyendo actividades informativas, movilización popular y presión política:
- Realizar asambleas informativas en los más de 32,000 ejidos y comunidades indígenas del país para difundir el contenido de la reforma.
- Participar en el plantón nacional del 2 de septiembre de 2025, de 10:00 a 13:00 hrs, frente a los Congresos de los Estados, con especial énfasis en el Congreso del Estado de Puebla.
- Organizar un mitin nacional el 20 de noviembre a las 16:00 horas, como acto de memoria y exigencia para la aprobación de la reforma.
- Buscar el diálogo con diputadas y diputados federales y locales para solicitar su respaldo a la reforma del Artículo 27.
- Formar coordinaciones estatales de la ANICS para impulsar la organización, difusión y participación comunitaria.
- Convocar a todas las organizaciones nacionales y regionales a sumarse a una lucha unitaria, transversal y permanente por la tierra, la soberanía y la dignidad del campo mexicano.
El Movimiento Esperanza para la Transformación Social (METS) se suma al llamado
El METS, organización que promueve la transformación comunitaria con valores éticos y de justicia social, expresó su total respaldo a la reforma impulsada por la ANICS. Durante el foro, representantes del METS señalaron que “la defensa del territorio y la propiedad social es también defensa de los derechos humanos y del proyecto de nación que queremos construir desde abajo”.
El movimiento ha anunciado que promoverá asambleas populares en diversos territorios, impulsará procesos de formación ciudadana y participará activamente en las movilizaciones programadas, fortaleciendo la articulación de base para que esta reforma no quede en el papel, sino que se convierta en ley viva.
La reforma del Artículo 27 es una exigencia histórica
La jornada del 26 de julio marcó un nuevo momento en la larga lucha por la tierra y la justicia social en México. El Foro para Impulsar la Reforma del Artículo 27 no fue sólo un espacio de reflexión, sino un llamado directo a la acción: a organizarse, a movilizarse, a legislar desde el pueblo y para el pueblo.
La demanda es clara: recuperar el espíritu original del artículo 27, restituir la propiedad social de la tierra, reconocer el papel estratégico del campesinado, proteger los bienes comunes de la nación y construir un nuevo modelo de desarrollo con justicia y soberanía.
La historia se está escribiendo desde el campo, desde las comunidades, desde Puebla. Y es el momento de que el Estado escuche, reconozca y actúe.