La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2025, promete avances significativos en conectividad digital en México. Pero también ha encendido alarmas entre expertos y defensores de derechos digitales por su posible impacto en la privacidad y el acceso equitativo a la tecnología. Aquí te explicamos sus efectos clave.
Una reforma necesaria, pero polémica
El 2 de julio de 2025, el Senado de la República aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de modernizar la normativa vigente desde 2014. Esta reforma se presenta como una respuesta a los avances tecnológicos y a la creciente demanda de servicios digitales más accesibles, rápidos y seguros.
Sin embargo, no todo son aplausos. Mientras que el gobierno celebra la ampliación de derechos digitales y la regulación del mercado, organizaciones civiles y especialistas advierten sobre los riesgos que esta ley representa en términos de vigilancia, recopilación de datos personales y control de contenidos.
Internet gratuito en espacios públicos: una promesa de inclusión digital
Uno de los cambios más destacados es la ampliación del acceso gratuito a internet en espacios públicos como plazas, hospitales, escuelas y bibliotecas. Este acceso prioritario estará enfocado en grupos vulnerables, como estudiantes, personas mayores y habitantes de zonas rurales.
Según el Dr. Josué Abid Pérez Pastrana, profesor de Derecho en la Universidad Anáhuac México, esta medida representa un avance hacia la reducción de la brecha digital, al ofrecer conectividad a sectores históricamente excluidos.
“Se prioriza a quienes no tienen conexión en casa, promoviendo una mayor equidad en el acceso a la información”, afirmó el especialista.
Contratos más claros y fin a los costos ocultos
Otro cambio relevante es la regulación más estricta a las prácticas comerciales de las empresas de telecomunicaciones. A partir de la entrada en vigor de la ley, las compañías estarán obligadas a eliminar cláusulas abusivas, costos escondidos y condiciones poco transparentes en sus contratos.
Los usuarios también podrán cambiar de proveedor sin penalizaciones indebidas y conservar su número telefónico sin cargos adicionales, fortaleciendo así la portabilidad numérica en beneficio del consumidor.
“Estas disposiciones buscan equilibrar la relación entre empresas y usuarios”, explicó Pérez Pastrana, “garantizando una experiencia más justa para los consumidores”.
Protección a los derechos digitales… con matices preocupantes
La nueva legislación también incorpora disposiciones para proteger los derechos digitales de los usuarios, tales como la no discriminación en el acceso a redes y la regulación en el manejo de datos personales.
No obstante, algunos artículos de la ley han generado preocupación por el potencial aumento en la vigilancia estatal. En particular, el requisito de presentar la CURP para acceder a servicios de internet ha sido criticado por defensores de la privacidad.
¿La CURP como llave digital o barrera al acceso?
La Dra. Laura Coronado, especialista en cultura digital de la Universidad Anáhuac México Norte, señaló que este requisito podría convertirse en una forma de control estatal y de recolección masiva de datos sin supervisión judicial.
“Estamos ante el riesgo de que un derecho fundamental como el acceso a internet se condicione a la entrega de datos personales. Esto puede derivar en prácticas de vigilancia masiva si no se establecen límites claros”, advirtió.
Además, la ley otorga facultades a autoridades administrativas para acceder a datos y realizar intervenciones, sin necesidad de una orden judicial previa, lo que podría violar principios constitucionales de privacidad y debido proceso.
Fomento a la competencia y apoyo a medios comunitarios
En el ámbito económico y mediático, la ley también presenta novedades importantes. Por un lado, impone nuevas regulaciones a las empresas dominantes del sector con el objetivo de estimular la competencia y permitir que pequeños proveedores ofrezcan mejores precios y servicios.
Por otro lado, se reconoce y se apoya explícitamente a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, permitiéndoles acceder hasta a un 10% de la publicidad oficial. Esta medida busca fomentar una mayor pluralidad y diversidad en la radiodifusión mexicana.
“Se trata de una forma de democratizar el espacio mediático y visibilizar voces tradicionalmente excluidas del espectro radioeléctrico”, señaló el Dr. Pérez Pastrana.
Nuevas reglas para la venta y desbloqueo de celulares
Un punto clave en la ley es la obligación de las empresas de telefonía móvil de vender celulares desbloqueados, es decir, que puedan ser utilizados con cualquier proveedor de servicios. Esta medida beneficia directamente a los usuarios, al darles mayor libertad de elección y posibilidad de cambiar de compañía sin perder su equipo.
Sin embargo, esta disposición fue modificada tras debate legislativo. El senador Ricardo Sheffield, ex titular de Profeco, advirtió que la redacción original podía dañar el mercado al desalentar a las compañías de ofrecer equipos a crédito, al no haber garantías de pago por parte del usuario.
Por ello, se aprobó una reserva que establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo organismo descentralizado— definirá los lineamientos y condiciones en que deberán entregarse los equipos desbloqueados, equilibrando así la protección al consumidor y la viabilidad del mercado.
¿Hacia un futuro digital más justo o más controlado?
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México avanza con la bandera de la inclusión digital, mejores servicios y acceso igualitario. Sin embargo, la implementación y supervisión ciudadana serán determinantes para que esta reforma no derive en abusos.
Especialistas como la Dra. Coronado insisten en que es necesario garantizar mecanismos de vigilancia ciudadana, protección de datos con enfoque de derechos humanos y límites claros al poder estatal.
“La presión social ya logró eliminar una de las propuestas más polémicas: permitir al gobierno bloquear redes sociales. Eso muestra que la ciudadanía tiene poder. Pero no podemos bajar la guardia”, concluyó.
Una ley ambiciosa que necesita vigilancia social
La Ley de Telecomunicaciones 2025 plantea un nuevo modelo digital en México: más inclusivo, más competitivo y con reglas claras. Pero también representa una encrucijada entre seguridad digital y libertades individuales.
De los beneficios concretos —como internet gratuito, desbloqueo de celulares y protección de derechos digitales— dependerá el impacto real en la vida de millones de mexicanos. No obstante, la vigilancia ciudadana será clave para evitar que estas buenas intenciones deriven en prácticas autoritarias o invasivas.
En este contexto, resulta crucial que periodistas, activistas, legisladores y usuarios mantengan una participación activa y crítica, para que la nueva era digital que propone esta ley sea realmente democrática, segura y justa para todas y todos.
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