La relación bilateral entre México y Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro del debate internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 5% a las exportaciones de México si nuestro país no entrega, antes de que concluya el año, más de 200 millones de metros cúbicos de agua para apoyar a agricultores texanos. El republicano acusó a México de violar el Tratado de Aguas de 1944 y exigió la liberación inmediata del recurso, señalando que la falta de cumplimiento estaba perjudicando a productores en su país.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza y claridad: México no está incumpliendo el tratado, pues este acuerdo histórico prevé mecanismos de flexibilidad en situaciones climáticas extraordinarias, como la sequía extrema registrada durante los últimos años en la región norte del país. Sheinbaum reiteró que México ha actuado con responsabilidad, con voluntad de cooperación y dentro del marco legal internacional, y que el cumplimiento será progresivo y técnicamente viable sin comprometer el acceso al agua para las y los mexicanos.

El agua no es mercancía: México cumple con la ley y defiende su derecho a priorizar a su población

En su mensaje público, Donald Trump afirmó que México se ha rezagado en la entrega de agua correspondiente al Tratado de Aguas de 1944 y señaló que existe una “deuda acumulada” superior a mil millones de metros cúbicos. Añadió que ese retraso afecta a agricultores y ganaderos texanos, y amenazó con un arancel del 5% a todas las exportaciones mexicanas si nuestro país no libera un volumen inmediato de 246 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre.

Sin embargo, el gobierno de México dejó claro que la situación no se debe a mala fe, sino a una sequía extraordinaria que afectó gran parte del territorio nacional y redujo a niveles históricos las presas y fuentes de abastecimiento. De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, las presas La Amistad y Falcón —que representan una de las principales fuentes de agua para ambas naciones— se encuentran a 9% y 4% de capacidad, respectivamente. Garantizar entregas extraordinarias y súbitas implicaría poner en riesgo el consumo humano, agrícola, ganadero y urbano de trece ciudades mexicanas, además de comprometer actividades productivas esenciales.

La Constitución mexicana reconoce el agua como un recurso estratégico y de interés nacional. Ningún acuerdo internacional obliga a México a sacrificar el bienestar y el abastecimiento de su población. Por ello, la postura oficial es clara: el tratado se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, pero no bajo chantaje comercial ni poniendo en riesgo a comunidades mexicanas.

La sequía es un factor jurídico válido dentro del Tratado de 1944

El Tratado de Aguas de 1944 contempla dos obligaciones recíprocas: Estados Unidos debe enviar cada año a México 1,850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado, mientras que México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos del río Bravo dentro de ciclos quinquenales.

Sin embargo, el mismo tratado reconoce que existen periodos excepcionales de sequía extrema, y establece que si un país no puede cumplir con el volumen esperado durante un quinquenio, puede compensarlo durante el siguiente, siempre con coordinación bilateral. Esto significa que México no está violando el acuerdo, sino utilizando un mecanismo perfectamente legal y previsto desde hace más de 80 años.

La presidenta Sheinbaum remarcó que el déficit actual se originó en 2022 y 2023, años marcados por una disminución drástica de lluvias, incendios y escasez regional. En esos años, no había suficiente agua para cubrir los volúmenes promedio, ni para sostener plenamente las actividades agrícolas del norte mexicano. La prioridad era evidente: ningún gobierno responsable pondría en riesgo el abasto de sus ciudadanos para cumplir una cuota que el mismo tratado permite compensar después.

En 2025, México ya comenzó a compensar significativamente los volúmenes faltantes, demostrando voluntad técnica, responsabilidad diplomática y cumplimiento legal, sin necesidad de amenazas ni aranceles.

Imposible entregar el volumen exigido en un mes: razones técnicas, no políticas

Más allá de la sequía, existe un componente técnico fundamental que el gobierno mexicano explicó con claridad: físicamente no es posible entregar, en cuestión de semanas, el volumen exigido por Donald Trump. La infraestructura hidráulica y el tamaño de los ductos que transportan agua desde las presas en el norte del país tienen una capacidad limitada. Aumentar súbitamente el flujo representaría riesgos estructurales, daños a sistemas de conducción y afectaciones ecológicas.

México no se niega a entregar el agua; simplemente no puede realizar un envío masivo inmediato sin violar protocolos técnicos de seguridad, sin dañar instalaciones y sin poner en riesgo el abasto local. La prioridad operativa es hacerlo gradualmente, conforme a la capacidad física y climatológica, no bajo una presión artificial de tiempos electorales en Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el volumen faltante podrá cubrirse durante los meses siguientes y dentro del siguiente quinquenio, como prevé el tratado. Lo fundamental es que el cumplimiento no afecte a las y los mexicanos ni a productores de la región.

Soberanía primero: el agua mexicana es para nuestro territorio antes que para intereses externos

México mantiene una postura soberana y nacionalista: ningún tratado obliga a nuestro país a entregar agua a costa del bienestar de su población. El agua no es mercancía, no es instrumento electoral ni palanca económica. Es un recurso vital que debe priorizar el consumo humano y el equilibrio ecológico nacional.

Defender la soberanía hídrica no es romper acuerdos, es cumplirlos con responsabilidad, con criterios técnicos, ambientales y sociales, sin subordinarse a presiones políticas o comerciales. México ha mostrado voluntad, ha participado en mesas bilaterales en abril, agosto, noviembre y diciembre, y está entregando agua de manera gradual para reducir el faltante.

Es muy distinto cooperar por obligación legal internacional a someterse a amenazas comerciales. La diferencia radica en un principio elemental: la dignidad y la soberanía nacional no se negocian.

Diplomacia y legalidad por encima de presiones

Claudia Sheinbaum informó que se mantendrán reuniones técnicas con Estados Unidos para asegurar que los volúmenes se entreguen sin poner en riesgo regiones mexicanas. México continuará cumpliendo, como lo ha hecho durante décadas, y con la misma seriedad diplomática histórica. Sin embargo, el país reafirma que los acuerdos internacionales deben respetar la realidad climática, el derecho humano al agua y la infraestructura disponible.

México coopera, negocia y conversa; no obedece amenazas.

México cumple el tratado, defiende su agua y protege a su gente

• México no violó el Tratado de Aguas.

• El déficit se debe a sequías extraordinarias y documentadas.

• El tratado permite compensar el volumen en el siguiente quinquenio.

• La infraestructura no permite envíos masivos inmediatos.

• La prioridad nacional es proteger la población, los agricultores y el consumo doméstico.

• La soberanía hídrica es un principio nacional irrenunciable.

En síntesis: México cumple, negocia, coopera… pero jamás entregará agua de manera irresponsable ni bajo imposiciones económicas. La relación bilateral exige respeto mutuo, comprensión técnica y reconocimiento del derecho de cada nación a proteger el bienestar de su pueblo.