El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, ha iniciado una ofensiva clara y decidida contra los malos usos del transporte público, una problemática heredada por años de omisiones, corrupción y falta de control que afectó directamente a miles de usuarios en la entidad.
A través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que dirige Silvia Tanús Osorio, se han intensificado los operativos de supervisión y reordenamiento, logrando retirar de circulación 51 unidades de transporte público que operaban fuera de la ley, muchas de ellas en condiciones físicas deficientes y sin cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.
Estas acciones, lejos de ser medidas arbitrarias, representan un acto de responsabilidad institucional para proteger la vida, la integridad y el derecho a la movilidad de las familias poblanas.
Transporte irregular: un problema que afectaba directamente a los usuarios
Durante años, el transporte público en Puebla fue víctima de prácticas indebidas por parte de algunos concesionarios y operadores que priorizaron el beneficio económico sobre la seguridad de los pasajeros.
Entre las principales irregularidades detectadas por la autoridad estatal destacan:
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Unidades sin registro oficial operando como transporte público
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Vehículos que no aprobaron la revista vehicular
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Taxis sin condiciones mecánicas adecuadas
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Transporte “pirata” que cobraba tarifas sin regulación
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Concesiones concentradas en pocas manos
Estas malas prácticas derivaron en unidades en mal estado, tiempos de espera excesivos, saturación de rutas y un riesgo constante para los usuarios, especialmente estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Operativos de movilidad: firmeza contra la ilegalidad
Del 3 al 7 de febrero de 2026, la SMT retiró de circulación 51 unidades irregulares, de las cuales:
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24 eran taxis que incumplían la normatividad
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19 funcionaban sin registro ni revista vehicular
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Ocho operaban como transporte pirata
La secretaria Silvia Tanús Osorio fue clara al señalar que nadie está por encima de la ley, y que las unidades que no cumplan con los requisitos administrativos, mecánicos y de seguridad no pueden seguir prestando un servicio público.
Estas acciones se enmarcan en un proceso de reordenamiento que busca romper con viejos esquemas de corrupción, donde incluso se detectaron casos de personas que acumulaban más de 100 concesiones, una práctica que dañó gravemente al sistema de transporte.
El derecho a la movilidad está por encima de intereses particulares
Pese a las deficiencias evidentes en el servicio, algunos grupos del sector transportista han presionado para obtener incrementos en la tarifa del pasaje, sin antes mejorar las condiciones de sus unidades ni cumplir con la ley.
Ante este escenario, el Gobierno de Puebla ha sido enfático:
no habrá privilegios ni aumentos injustificados mientras no se garantice un servicio seguro y legal.
“El interés colectivo está por encima de cualquier grupo de presión”, sentenció la titular de la SMT, marcando una postura firme que prioriza a los usuarios y no a quienes durante años lucraron con la irregularidad.
Gobierno estatal responde con soluciones, no con improvisaciones
A diferencia de administraciones pasadas que toleraron el desorden, el actual gobierno estatal no solo aplica la ley, sino que ofrece alternativas reales para no afectar a la población durante el proceso de regularización.
Por ello, se implementó un esquema de transporte público alternativo y temporal, operado con el respaldo de empresas con experiencia y estándares de calidad como ADO y Estrella Roja.
Cuatro rutas emergentes para garantizar el servicio
La SMT habilitó cuatro rutas emergentes que operan en los horarios de mayor demanda urbana, de 6:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, respetando las tarifas oficiales del transporte público.
Estas rutas cubren zonas estratégicas del sur, nororiente y poniente de la capital, así como la Recta a Cholula, beneficiando a miles de usuarios que diariamente dependen del transporte colectivo.
La medida demuestra que el gobierno no deja solos a los ciudadanos, incluso cuando debe tomar decisiones firmes contra quienes incumplen la ley.
Taxis temporales: un golpe directo al transporte pirata
Como parte de la estrategia para erradicar el transporte irregular, el Gobierno de Puebla activó 14 sitios temporales de taxi colectivo, con 210 unidades plenamente identificadas, tarifa fija de 20 pesos por persona y recorridos definidos.
Esta acción busca cerrar el paso al transporte pirata, que aprovechaba la falta de unidades para operar sin permisos, sin seguros y sin garantías para los usuarios.
Los taxis temporales conectan puntos clave como el Periférico Ecológico, Lomas de Angelópolis, Ciudad Judicial, Plaza San Diego y diversas colonias del sur y nororiente de la ciudad.
Seguridad vial: resultados tangibles
Los operativos no solo se enfocan en el transporte público. A través del programa Monitor Vial, la SMT sancionó a conductores que excedían los límites de velocidad, muchos de ellos con placas foráneas utilizadas para evadir multas.
Gracias a estas acciones:
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La velocidad promedio se redujo hasta en 29.6 %
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No se registran muertes viales en carreteras estatales desde el 17 de diciembre
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Se refuerzan operativos contra arrancones en zonas metropolitanas
Estos resultados reflejan que la aplicación de la ley salva vidas.
Un mensaje claro: el transporte público debe servir a la gente
El gobernador Alejandro Armenta ha reiterado que el transporte público no es un negocio privado, sino un servicio esencial que debe cumplir con estándares de seguridad, legalidad y dignidad.
El Gobierno del Estado mantiene abierto el diálogo con los concesionarios que sí están dispuestos a cumplir, ofreciendo incluso apoyos para la renovación de unidades. Sin embargo, quienes persistan en la ilegalidad no tendrán cabida.
Orden, legalidad y movilidad segura: el nuevo rumbo del transporte en Puebla
Las acciones emprendidas por el Gobierno de Puebla marcan un antes y un después en la historia del transporte público en la entidad. Hoy, la prioridad es clara:
usuarios seguros, transporte legal y cero tolerancia a los abusos.
Con decisión política, respaldo institucional y soluciones concretas, Puebla avanza hacia un sistema de movilidad más justo, ordenado y humano, donde los malos usos del transporte ya no tienen espacio.