La libertad de prensa y de expresión atraviesa uno de los peores momentos en la historia reciente de El Salvador. Decenas de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han tenido que abandonar el país ante el temor de ser perseguidos por sus opiniones críticas contra el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La situación se ha agravado tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que diversas organizaciones nacionales e internacionales han calificado como un mecanismo de censura y control. La principal víctima de este marco legal ha sido la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que anunció en octubre de 2025 el cierre de sus operaciones dentro del país y el traslado de su personería jurídica al extranjero.
APES: casi 90 años defendiendo la libertad de prensa
Fundada en 1936, la APES es una de las asociaciones de prensa más antiguas de América Latina. Durante décadas, se convirtió en un referente de la defensa del periodismo y de la libertad de expresión en El Salvador.
Sin embargo, por primera vez en su historia, la organización se ha visto obligada a operar desde el exilio. Según su presidente, Sergio Arauz, la decisión responde a la imposibilidad de trabajar bajo las condiciones impuestas por la nueva ley y al riesgo creciente que enfrentan sus miembros.
“Nos vamos jurídicamente para poder seguir siendo útiles a los colegas que aún ejercen en el país. No podemos someternos a un mecanismo que busca silenciarnos”, afirmó Arauz.
La Ley de Agentes Extranjeros: un obstáculo para medios y ONG
La ley, aprobada en mayo de 2025, obliga a cualquier organización o persona que reciba fondos del exterior a registrarse como “agente extranjero”. Además, establece un impuesto del 30 % sobre todas las donaciones recibidas y concede al Ministerio de Gobernación la potestad de decidir quién puede operar legalmente en el país.
Entre las principales sanciones, figuran multas que van desde los 100.000 hasta los 250.000 dólares, la cancelación de personerías jurídicas e incluso la apertura de procesos penales.
Críticos señalan que la normativa es similar a leyes aprobadas en Nicaragua, Rusia y Venezuela, todas con el objetivo de limitar el trabajo de organizaciones independientes. Para organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch, la ley es un claro intento de criminalizar el espacio cívico y silenciar a la prensa crítica.
Un “apagón informativo” en El Salvador
La APES advirtió que el clima actual podría derivar en un apagón informativo, ante la salida masiva de periodistas y la falta de garantías para el ejercicio independiente de la profesión.
Solo entre marzo y junio de 2025, la organización documentó el exilio de 43 periodistas, la mayoría con más de 10 años de experiencia en medios independientes o digitales. El informe titulado La curva del silencio señala que 31 de ellos abandonaron el país en mayo, es decir, prácticamente uno por día.
Los afectados recibieron advertencias sobre la existencia de una supuesta “lista negra” de personas a detener. Muchos de ellos confirmaron haber huido tras enterarse de que sus nombres estaban incluidos en ella.
Agresiones contra periodistas en aumento
El centro de monitoreo de la APES registró en 2024 un total de 789 agresiones contra periodistas, la cifra más alta de la última década. La mayoría de estos ataques provinieron de agentes estatales: policías, militares, funcionarios públicos e incluso del propio presidente Bukele a través de sus redes sociales.
Las agresiones incluyen hostigamiento digital, amenazas de detención, incautación de equipos de trabajo, campañas de desprestigio y obstáculos legales para ejercer la labor periodística.
En paralelo, el gobierno ha negado a la APES la renovación de credenciales necesarias para operar, pese a que la asociación presentó toda la documentación requerida desde agosto de 2024.
El exilio como única salida
El presidente de APES, Sergio Arauz, declaró que todos los periodistas en El Salvador trabajan bajo una “espada de Damocles invisible”, midiendo sus palabras para evitar represalias.
Los testimonios recogidos en La curva del silencio reflejan un panorama desolador: profesionales consolidados que han tenido que abandonar sus hogares, familias y proyectos de vida por miedo a ser encarcelados bajo acusaciones infundadas como lavado de dinero o vínculos con pandillas.
Algunos medios emblemáticos, como El Faro y FocosTV, ya habían trasladado sus operaciones a Costa Rica en años anteriores para resguardar a sus equipos.
El caso Cristosal: defensores de derechos humanos bajo persecución
El éxodo no se limita a periodistas. En julio de 2025, la organización de derechos humanos Cristosal anunció su salida del país tras la captura de su directiva Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción. La detención, considerada arbitraria por organismos internacionales, evidenció que el régimen de excepción también se utiliza con fines políticos.
Otros cuatro activistas y abogados han sido encarcelados bajo acusaciones similares. La CIDH incluso otorgó medidas cautelares en favor de López, denunciando violaciones al debido proceso y falta de acceso a la defensa.
Reacciones internacionales ante el deterioro democrático
Diversas organizaciones internacionales han expresado preocupación por la situación en El Salvador:
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Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó al país en el puesto 135 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Expresión 2025, por debajo incluso de Haití.
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Amnistía Internacional denunció un incremento alarmante de hostigamiento y criminalización contra periodistas y defensores de derechos humanos.
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La ONU, a través de su relatora especial para defensores de derechos, señaló que el clima en El Salvador está “deteriorado” y que la Ley de Agentes Extranjeros amenaza directamente la sostenibilidad de la sociedad civil.
Pese a estas advertencias, el gobierno salvadoreño insiste en que la ley busca “preservar la soberanía nacional” y “transparentar los intereses de los donantes”.
Una democracia en retroceso
Expertos y exdirectivos de la APES coinciden en que la salida forzada de la organización es una señal clara de la consolidación de un modelo autoritario en El Salvador.
Angélica Cárcamo, ex presidenta de la APES, lo resume así:
“Estamos frente a un gobierno que llegó al poder por la vía democrática, pero que transita rápidamente hacia la consolidación de una dictadura. El exilio forzado de periodistas debería ser una alerta para toda la comunidad internacional”.
El futuro del periodismo salvadoreño
A pesar del cierre de sus oficinas y el traslado de su personería jurídica, la APES asegura que continuará su labor desde el exilio. Sus áreas de monitoreo de agresiones, asesoría legal y apoyo psicoemocional para periodistas seguirán funcionando, aunque con limitaciones por la falta de recursos.
El gremio hace un llamado a la comunidad internacional para mantener la cooperación y el financiamiento de medios y organizaciones que hoy trabajan desde fuera del país.
En palabras de Arauz:
“El exilio es una decisión dolorosa, pero necesaria. Peleamos por nuestra sobrevivencia no solo como institución, sino como parte del periodismo independiente que aún resiste en El Salvador”.
La urgencia de defender la libertad de expresión
La situación actual en El Salvador representa uno de los capítulos más oscuros para la prensa libre en Centroamérica. El éxodo masivo de periodistas y el cierre de organizaciones independientes reflejan un país donde disentir se ha convertido en un riesgo de cárcel o exilio.
Mientras la APES y otros actores buscan sobrevivir desde fuera, los ciudadanos enfrentan el peligro de un apagón informativo que limita el acceso a información veraz y plural.
Defender la libertad de prensa en El Salvador no es solo una causa local: es una batalla por los principios democráticos en toda la región.
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