La Paz, Bolivia, fue escenario el pasado 18 de septiembre de 2025 de una multitudinaria protesta encabezada por cientos de mineros asalariados. Los trabajadores, afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), marcharon desde El Alto hasta la sede de gobierno, con el objetivo de exigir al Ejecutivo que detenga la ocupación ilegal de yacimientos, el avance de la minería no autorizada y el creciente daño ambiental que estas actividades generan.
La movilización, que recorrió las principales avenidas de la capital, dejó colapsado el tráfico vehicular y concentró la atención pública en un conflicto que se arrastra desde hace años: la disputa por los derechos de explotación minera entre asalariados, cooperativistas y empresas sin permisos.
Las demandas de los mineros asalariados
El secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, fue enfático durante la protesta:
“Nuevamente los mineros asalariados salimos a hacer escuchar nuestras necesidades, pidiendo un alto a los avasallamientos, a los juqueos (robo de mineral) y a la minería ilegal. Pedimos el respeto a las áreas de trabajo que nosotros tenemos”.
Los trabajadores denunciaron que yacimientos en Potosí, Oruro y La Paz fueron tomados de manera ilegal por cooperativas y grupos no reconocidos. Según Paye, la pasividad del Gobierno convierte a las autoridades en “cómplices de un daño que afecta no solo a la minería, sino también a la población boliviana”.
Otro de los dirigentes, Edwin Peredo, recalcó que el sector asalariado cumple con todas las normativas que exige la Constitución, mientras que las autoridades permiten la proliferación de actividades extractivas ilegales. “Cuando no se respeta la Constitución, la revolución es un derecho del pueblo boliviano”, subrayó.
Un conflicto de larga data: avasallamientos y juqueo
El fenómeno de los avasallamientos, como se denomina en Bolivia a la toma ilegal de tierras o concesiones mineras, no es nuevo. En las últimas semanas se registraron conflictos en Andacaba, Reserva Tres Amigos, Porco (Potosí), Colquiri y Caracoles (La Paz), donde cooperativistas y comunidades intentaron ingresar a yacimientos operados por asalariados.
Los juqueos, o robos de minerales, también se han intensificado, generando enfrentamientos y pérdidas económicas significativas. Este escenario llevó a la FSTMB a declararse en “emergencia permanente”, advirtiendo que las medidas de presión podrían aumentar si no hay respuestas gubernamentales concretas.
El papel del Gobierno y la respuesta oficial
Ante la presión sindical, el Ministerio de Minería, encabezado por Alejandro Santos Laura, recibió formalmente las demandas. Santos prometió “mano dura” contra quienes participen en ocupaciones ilegales y reafirmó la política de “cero tolerancia al juqueo”.
“Es un delito penado por la ley y por las normativas vigentes. Si no colocamos mano dura, cualquier otro momento va a haber más avasallamientos”, declaró el ministro en respuesta a la protesta.
Sin embargo, los mineros asalariados consideran que la acción estatal ha sido insuficiente. La percepción de impunidad hacia cooperativistas y empresas extranjeras sin autorización ha incrementado el malestar del gremio.
Empresas ilegales en Viacha: un riesgo ambiental y social
El conflicto no se limita a las concesiones en disputa. En el municipio de Viacha, La Paz, pobladores denunciaron la existencia de al menos 23 empresas extranjeras operando sin autorización oficial. Estas compañías, dedicadas a la extracción de plata, zinc y estaño, representan —según los habitantes— una amenaza directa para la salud pública y el medio ambiente.
La falta de controles sobre estas operaciones no solo genera desconfianza hacia el Gobierno, sino que también evidencia la debilidad de las instituciones encargadas de regular la minería en Bolivia.
Mineros estatales y cooperativas: dos modelos enfrentados
En Bolivia, la minería está dividida en tres sectores:
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El estatal, representado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
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El privado empresarial, con capital nacional o extranjero.
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El cooperativista, integrado por asociaciones de trabajadores autónomos.
Si bien las cooperativas tienen áreas propias de explotación, las denuncias apuntan a que muchas de ellas buscan extenderse hacia zonas controladas por el Estado o los asalariados. Desde la Comibol se advirtió que los cooperativistas “no respetan los campos operados por el Estado”, pese a que la ley penaliza la invasión de yacimientos.
Este choque de intereses mantiene viva una tensión histórica, donde los asalariados reclaman estabilidad laboral y respeto a sus concesiones, mientras que los cooperativistas presionan por mayores oportunidades de explotación.
El trasfondo político y económico de las protestas
El contexto político añade complejidad al conflicto. Bolivia celebrará elecciones presidenciales el 19 de octubre de 2025, donde se enfrentarán el senador de centroderecha Rodrigo Paz y el expresidente de derecha Jorge Quiroga.
Los mineros, un sector históricamente influyente en la vida política boliviana, buscan posicionar sus reclamos en la agenda electoral. Como lo expresó el dirigente Andrés Paye:
“Este gobierno o el próximo tiene que atender las demandas de la Federación de Mineros, porque somos parte de la reactivación del aparato productivo”.
La protesta en La Paz se convierte, por lo tanto, en un mensaje no solo al Gobierno de Luis Arce, sino también a los candidatos que aspiran a ocupar la presidencia.
Consecuencias sociales y ambientales de la minería ilegal
Más allá de la disputa laboral, el avance de la minería sin autorización trae consigo graves consecuencias sociales y ambientales:
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Contaminación de ríos y suelos por el uso de químicos sin regulación.
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Riesgos a la salud de comunidades cercanas a zonas de explotación.
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Conflictos territoriales entre trabajadores, cooperativistas y pobladores.
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Pérdidas fiscales para el Estado, que deja de percibir ingresos por regalías y tributos.
Estas problemáticas refuerzan la urgencia de una política clara y estricta que garantice tanto la sostenibilidad ambiental como la estabilidad laboral de miles de mineros asalariados.
Una marcha con alto impacto simbólico
El 18 de septiembre no fue solo una protesta laboral. La marcha de la FSTMB simbolizó la defensa de un sector que considera estar siendo desplazado por la ilegalidad y la inacción estatal. Con pancartas, cascos y dinamita, los mineros gritaron al unísono: “¡Basta de avasallamientos, basta de juqueo!”.
La movilización dejó en claro que, mientras no existan medidas concretas, la conflictividad social seguirá latente en Bolivia.
Un desafío para el futuro de la minería boliviana
Las protestas en La Paz reflejan la crisis estructural del sector minero boliviano, donde los asalariados luchan por mantener sus fuentes de trabajo frente al avance de la ilegalidad, la pasividad del Estado y la presión de cooperativas y empresas extranjeras.
El Gobierno de Luis Arce se enfrenta al desafío de demostrar autoridad para frenar los avasallamientos y garantizar que la minería se desarrolle bajo un marco legal y sostenible. De no hacerlo, los conflictos podrían escalar, afectando no solo a la economía nacional, sino también al proceso político rumbo a las elecciones de octubre.
La voz de los mineros, expresada en las calles de La Paz, resuena como un recordatorio de que la minería no es solo una actividad económica, sino también un campo de lucha social, ambiental y política que marcará el futuro de Bolivia.
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