La crisis social y política en Ecuador se intensifica. El presidente Daniel Noboa amplió el estado de excepción e impuso un toque de queda nocturno en cinco provincias del país tras el anuncio de un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La medida llega después de que el Gobierno decretara la eliminación del subsidio al diésel, decisión que ha disparado el precio del combustible y encendido la inconformidad social.
Toque de queda en cinco provincias de Ecuador
El Decreto Ejecutivo 146, firmado el jueves 18 de septiembre de 2025, establece un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo.
Según el documento oficial, quienes circulen sin autorización en ese horario podrán ser detenidos por la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
El gobierno argumenta que la medida busca frenar los bloqueos de carreteras y protestas que “impiden el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de la ciudadanía, así como el normal desenvolvimiento de las actividades personales, económicas, comerciales y laborales”.
Estado de excepción ampliado
El presidente Noboa amplió además el estado de excepción, que ya regía en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, para incluir a Chimborazo.
El Gobierno sostiene que existe una situación de “grave conmoción interna”, motivo por el cual se otorgan facultades especiales a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad pública.
Las autoridades aclararon que las personas dedicadas a labores esenciales, como médicos, transportistas de carga, servicios de emergencia y viajeros con vuelos programados, quedan exentas del toque de queda.
El detonante: la eliminación del subsidio al diésel
El conflicto se originó tras la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel, anunciada el viernes 12 de septiembre. Esta medida elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) de un día para otro.
El subsidio representaba un gasto anual de 1.100 millones de dólares, recursos que, según el Gobierno, se destinarán a:
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Bonos para familias en situación de pobreza.
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Créditos productivos para pequeños emprendedores.
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Compensaciones temporales al transporte público.
No obstante, organizaciones sociales y sindicatos consideran que la medida encarece el costo de vida de millones de familias ecuatorianas, pues afecta directamente al transporte, la producción agrícola y el precio de los alimentos.
La respuesta indígena y sindical: paro nacional indefinido
Horas antes del anuncio presidencial, la Conaie, la mayor organización indígena de Ecuador, convocó a un “paro nacional indefinido” para exigir la derogatoria inmediata del decreto que eliminó el subsidio.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, declaró que la decisión gubernamental “encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas”.
A la convocatoria se sumaron:
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El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la central sindical más grande del país.
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La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
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La Unión Nacional de Educadores (UNE).
Los sindicatos anunciaron movilizaciones en Quito el próximo 23 de septiembre, mientras que en la provincia de Cotopaxi el Movimiento Indígena y Campesino (MICC) decidió concentrarse en Latacunga, ciudad donde Noboa trasladó temporalmente la sede del Gobierno.
Antecedentes de protestas por subsidios
El tema de los subsidios a los combustibles ha sido históricamente sensible en Ecuador.
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En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, las protestas lideradas por el movimiento indígena obligaron a dar marcha atrás en la eliminación de los subsidios.
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En 2022, ocurrió lo mismo con el expresidente Guillermo Lasso, quien también enfrentó una ola de manifestaciones que paralizó al país por más de dos semanas.
En ambos casos, las movilizaciones lograron revertir la medida y forzaron a los presidentes a mantener congelados los precios de los combustibles subsidiados.
Por ello, la decisión de Noboa revive recuerdos recientes y aumenta la posibilidad de que la conflictividad social se extienda en los próximos días.
Un ajuste fiscal con presión internacional
La eliminación del subsidio al diésel forma parte de un paquete de recortes impulsado por Noboa para reducir el déficit fiscal, estimado en 5.000 millones de dólares, equivalente al 5% del PIB ecuatoriano.
Además, la medida responde a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual Ecuador mantiene un acuerdo crediticio de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).
Según el Ejecutivo, sin estos ajustes el país no podría cumplir sus compromisos financieros ni sostener programas sociales a largo plazo.
Sin embargo, los críticos argumentan que se trata de una imposición del FMI, que sacrifica el bienestar de la población en favor de las cuentas fiscales.
Advertencias de la Fiscalía y el papel de la fuerza pública
La Fiscalía General del Estado advirtió a los manifestantes que actuará “con firmeza” en caso de que las protestas deriven en delitos como sabotaje, terrorismo, paralización de servicios públicos o destrucción de instalaciones estratégicas.
En un comunicado, el Ministerio Público recordó que si bien la Constitución protege el derecho a la protesta pacífica, los actos violentos serán sancionados conforme a la ley.
Por su parte, el decreto habilita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a identificar y detener a las personas que incumplan el toque de queda o participen en bloqueos de vías.
Esto genera preocupación en organizaciones de derechos humanos, que temen un uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones.
La dimensión política del conflicto
El presidente Daniel Noboa, quien asumió el poder en 2023, enfrenta su mayor crisis política desde el inicio de su mandato.
Su imagen se ha proyectado internacionalmente como la de un líder joven y pragmático —recientemente participó en una reunión con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil—, pero a nivel interno encara una creciente oposición social.
El traslado temporal de la sede de Gobierno a Latacunga busca mostrar firmeza, aunque también refleja la gravedad de la situación en Quito, epicentro de las manifestaciones de 2019 y 2022.
Para muchos analistas, el desenlace de esta crisis definirá la viabilidad política de Noboa y su relación con el movimiento indígena, actor clave en la vida política ecuatoriana.
Lo que viene: movilizaciones y negociaciones inciertas
Los próximos días serán cruciales. La Conaie y los sindicatos han dejado claro que no buscan un diálogo, sino la derogatoria inmediata del decreto.
El Gobierno, en cambio, insiste en que la medida es irreversible, aunque promete compensaciones para mitigar el impacto económico en los sectores más vulnerables.
Si las protestas escalan, Ecuador podría enfrentar una nueva ola de paralizaciones nacionales, con consecuencias sociales, políticas y económicas de gran magnitud.
El toque de queda en cinco provincias de Ecuador y la ampliación del estado de excepción evidencian la tensión que atraviesa el país andino. La decisión de eliminar el subsidio al diésel ha reactivado la protesta indígena y sindical, reeditando episodios que en el pasado reciente sacudieron al país.
El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno de Noboa para mantener el orden sin profundizar la represión, y de la fuerza de las organizaciones sociales para sostener la movilización en el tiempo.
Lo cierto es que Ecuador se encuentra nuevamente ante un choque histórico entre las exigencias fiscales del Estado y las demandas de justicia social de la población.
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