El Gobierno de Ecuador anunció oficialmente que iniciará el proceso para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay, al sur del país. Esta decisión llega después de semanas de protestas multitudinarias en Cuenca y otras localidades de la región, donde comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales manifestaron su oposición por el posible impacto ambiental que traería la explotación de oro, plata y cobre en la zona.
La medida supone un giro importante en la política extractivista del país y marca un precedente sobre la relación entre desarrollo económico, inversión extranjera y protección de los ecosistemas estratégicos de Ecuador.
¿Qué es el proyecto minero Loma Larga?
El proyecto Loma Larga fue adjudicado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), que preveía una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para instalar una mina subterránea destinada a extraer alrededor de 925.000 onzas de oro, además de menores cantidades de plata y cobre.
La zona de explotación contemplaba un área de 84 hectáreas dentro de un conjunto de concesiones que suman cerca de 8.000 hectáreas en total. Según la empresa, la mina estaba diseñada con tecnologías de manejo de relaves secos y recirculación del 90 % del agua, en conformidad con los estándares internacionales de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
No obstante, desde su planificación, el proyecto enfrentó el rechazo de sectores sociales, campesinos e indígenas, quienes denunciaron riesgos graves para los páramos y fuentes hídricas de Quimsacocha, un sistema clave para el abastecimiento de agua en la provincia de Azuay.
El valor ambiental de Quimsacocha y Azuay
El área donde se planeaba desarrollar Loma Larga es considerada de alta importancia hídrica, pues allí nacen al menos cinco ríos fundamentales para la región: Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay. Estos afluentes abastecen tanto el consumo humano de la ciudad de Cuenca como las actividades agrícolas y ganaderas en las zonas rurales.
Expertos y organizaciones ambientales advirtieron que las operaciones mineras subterráneas podrían alterar el equilibrio de los páramos, contaminar las fuentes de agua y comprometer la seguridad hídrica de miles de habitantes.
Consultas populares y rechazo social
La oposición a Loma Larga no es reciente. Ya en 2019, el cantón Girón, en Azuay, realizó una consulta popular en la que el 86,79 % de los votantes rechazó la minería en los páramos y fuentes de agua de Quimsacocha.
Dos años más tarde, en 2021, otra consulta local confirmó el rechazo con un resultado contundente: más del 80 % de los participantes dijo “sí” a prohibir la minería en zonas de recarga hídrica de la región.
Estos antecedentes fortalecieron las recientes movilizaciones de septiembre de 2025, donde miles de personas marcharon bajo el lema “Quimsacocha no se toca”, exigiendo la suspensión definitiva de la licencia ambiental para el proyecto.
La postura del Gobierno de Ecuador
El presidente Daniel Noboa había reconocido en declaraciones previas la “altísima probabilidad” de que el proyecto no se ejecutara, dada la resistencia ciudadana y los informes ambientales presentados por la Prefectura de Azuay y el Municipio de Cuenca.
El comunicado oficial de la Presidencia fue claro:
“El Gobierno Nacional iniciará el proceso correspondiente para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga. Las autoridades locales deberán responder por la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes presentados”.
No obstante, Noboa también señaló que esta decisión podría afectar las relaciones comerciales con Canadá, país de origen de la compañía minera, y complicar futuros acuerdos de libre comercio.
Argumentos de la empresa Dundee Precious Metals
La empresa canadiense ha defendido en múltiples ocasiones la viabilidad del proyecto. Según Guillermo Salgado, director país de DPM en Ecuador, Loma Larga ha sido “utilizado históricamente con fines políticos”.
La compañía sostiene que cuenta con 20 años de monitoreo hídrico en la zona y asegura que el diseño del proyecto contemplaba un sistema seguro de tratamiento de aguas, minimizando riesgos de contaminación. Además, argumenta que el proyecto traería empleo, inversión extranjera y desarrollo económico a la región.
Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado revertir el rechazo de comunidades y organizaciones locales, que ven en la minería una amenaza directa a su forma de vida y a la seguridad de los recursos naturales.
Consecuencias políticas y legales
La suspensión de la licencia ambiental podría abrir un escenario complejo para Ecuador. Por un lado, fortalece la imagen del Gobierno frente a los movimientos sociales y comunidades que defienden el agua y el medio ambiente. Pero, por otro lado, puede generar conflictos legales y económicos con Dundee Precious Metals, que ya había avanzado en las etapas de exploración y esperaba iniciar la construcción de la mina en 2026 o 2027.
El Estado ecuatoriano deberá afrontar posibles demandas internacionales por incumplimiento de contrato o por violación a tratados de inversión. Al mismo tiempo, la decisión refuerza la necesidad de definir una política minera más clara y consensuada con las comunidades locales.
Un precedente para la minería en Ecuador
La suspensión del proyecto Loma Larga no es un caso aislado. En la última década, Ecuador ha enfrentado fuertes tensiones entre el desarrollo minero y la protección ambiental. Proyectos como Mirador y Fruta del Norte han generado debates similares sobre los límites de la actividad extractiva en territorios de alta biodiversidad.
El caso de Azuay, sin embargo, resalta por la contundencia del rechazo social y por la importancia estratégica del agua en la región. El mensaje de las comunidades es claro: la seguridad hídrica está por encima de los intereses económicos.
Reacciones de líderes sociales y ambientalistas
El líder indígena y excandidato presidencial Yaku Pérez celebró la decisión del Gobierno, señalando que la suspensión representa un triunfo histórico para la defensa del agua en Ecuador. Según Pérez, la movilización ciudadana y las consultas populares demostraron que “la voz del pueblo es más fuerte que el poder de las multinacionales”.
Organizaciones ambientales como Acción Ecológica también destacaron que el país necesita transitar hacia un modelo económico sostenible, que no dependa de la minería ni del petróleo como motores principales de crecimiento.
Perspectivas a futuro
La suspensión de Loma Larga abre un debate mayor sobre la soberanía ambiental de Ecuador y la necesidad de encontrar un equilibrio entre inversión extranjera, desarrollo económico y protección de los ecosistemas.
Los próximos meses serán decisivos para determinar si la medida se traduce en la cancelación definitiva del proyecto o si se inicia un proceso de renegociación con la empresa minera. Mientras tanto, el Gobierno deberá prepararse para posibles arbitrajes internacionales y para mantener la confianza de los inversionistas en otros sectores productivos.
Un triunfo de la defensa del agua
El caso Loma Larga refleja un cambio en la dinámica social y política de Ecuador. Las comunidades han demostrado que la organización y la presión ciudadana pueden frenar proyectos considerados incompatibles con la vida y el medio ambiente.
La suspensión de la licencia ambiental no solo responde a una coyuntura local, sino que envía un mensaje más amplio: el agua y la naturaleza son bienes comunes que no pueden ser sacrificados en nombre de la rentabilidad económica.
Ecuador, país megadiverso y rico en recursos naturales, enfrenta el reto de diseñar un modelo de desarrollo que respete sus ecosistemas y, al mismo tiempo, garantice oportunidades económicas sostenibles para su población.
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