Las protestas en Ecuador entraron este jueves en su día número 25 sin señales de una resolución definitiva. Pese a los anuncios de tregua realizados por el ministro del Interior, John Reimberg, las vías principales de la provincia de Imbabura permanecen bloqueadas, y los manifestantes indígenas insisten en que no se ha alcanzado ningún acuerdo real con el Gobierno.

El origen de las manifestaciones se remonta al 12 de septiembre, cuando el presidente Daniel Noboa decretó la eliminación del subsidio al diésel, medida que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. La decisión, según el Ejecutivo, busca reducir el contrabando de combustibles hacia Colombia y Perú, pero para las comunidades indígenas representa un golpe directo al costo de vida.


Autoridades locales contradicen la versión del Gobierno

La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, aclaró que el paro no ha terminado, pese a los anuncios de las autoridades nacionales.

“Nadie dijo que se ha acabado el paro. Lo que se acordó fue mantener asambleas permanentes para analizar el decreto sobre la eliminación del subsidio y preparar la reunión del lunes”, señaló Hermosa.

Sus declaraciones contradicen directamente las del ministro del Interior, quien aseguró que “hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”. Sin embargo, las bases comunitarias rechazaron el supuesto acuerdo y mantuvieron el cierre de carreteras, confirmando la fractura entre dirigentes locales y nacionales dentro del movimiento indígena.


Las organizaciones indígenas dividen posturas

Durante más de seis horas de diálogo, el ministro Reimberg se reunió con representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI).
Al término del encuentro, los participantes informaron sobre un acuerdo que incluía la apertura de vías y la instalación de mesas técnicas de trabajo, pero la Conaie, principal organización indígena del país, no reconoció el pacto.

“Llamamos a nuestras bases a mantener la calma, la unidad y la disciplina. No debemos dejarnos provocar ni dividir”, expresó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en un comunicado difundido este jueves.

La Conaie, que en 2019 y 2022 lideró protestas masivas que obligaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir medidas similares, sostiene que esta nueva eliminación del subsidio vuelve a poner en riesgo la estabilidad social y económica del país.


Bloqueos, escasez y tensión social en Imbabura

Las carreteras de Imbabura siguen cerradas con troncos, piedras, llantas quemadas y montículos de tierra. En Otavalo y otras localidades cercanas, la actividad comercial se ha reducido drásticamente. El bloqueo ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustibles, lo que agrava la crisis.

Manifestantes entrevistados por medios locales afirmaron que no levantarán las medidas hasta que el Gobierno restaure el subsidio o congele el precio del diésel. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen presencia en la zona para evitar nuevos enfrentamientos.


Las demandas del movimiento indígena: más allá del combustible

Aunque la eliminación del subsidio al diésel fue el detonante de las protestas, el pliego de exigencias ha crecido. La Conaie demanda:

  • Reducción del IVA del 15 % al 12 %,

  • Liberación de los detenidos durante las manifestaciones,

  • Rechazo al referéndum del 16 de noviembre, promovido por Noboa,

  • Y mayor participación indígena en la definición de políticas económicas y sociales.

El referéndum mencionado busca consultar a la ciudadanía sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente, entre otras reformas. La Conaie lo considera una maniobra política del Ejecutivo para distraer la atención de los problemas sociales urgentes.


El Gobierno mantiene su postura firme

El presidente Daniel Noboa ha reiterado que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio. Argumenta que la medida permitirá ahorrar recursos públicos y destinarlos a programas sociales. Además, insiste en que el tema de los detenidos corresponde al ámbito de la Justicia y no al Ejecutivo.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reconoció que los pedidos indígenas son “justos” y deben ser atendidos “de forma inmediata”, pero señaló que el rechazo de las bases a la tregua forma parte de un proceso de diálogo más amplio.

“Las mesas técnicas iniciarán el lunes para definir soluciones económicas y sociales que beneficien a las comunidades afectadas”, dijo Rovira.


Violencia y represión: tres muertos y más de 280 heridos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ecuatorianas durante las protestas.
El organismo reportó al menos tres fallecidos, 282 heridos y 172 detenidos, además de 15 desaparecidos.

Entre las víctimas figuran Rosa Elena Paqui, quien murió por inhalación de gases lacrimógenos en Loja; José Alberto Guamán, fallecido por un disparo en el tórax en Imbabura; y el comunero Efraín Fuérez, también muerto por impacto de bala.

“La CIDH urge al Estado ecuatoriano a investigar, juzgar y sancionar estos hechos. El uso de la fuerza solo puede aplicarse de forma excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, señaló la organización en un comunicado oficial.


El impacto político y social de las protestas

El analista político Hernán Reyes, de la Universidad Andina, considera que el acuerdo alcanzado por el Gobierno demuestra una falta de comprensión de las verdaderas demandas indígenas.

“El descontento social no solo se debe al diésel. Es el resultado de años de marginación, pobreza y falta de oportunidades en las comunidades rurales”, afirmó Reyes.

El experto advierte que la confrontación entre el Ejecutivo y los pueblos originarios podría erosionar la gobernabilidad de Noboa y acentuar las divisiones internas en el país.


Llamado internacional y perspectivas futuras

La CIDH instó al Gobierno y a las organizaciones indígenas a retomar un diálogo inclusivo e intercultural para evitar una escalada de violencia. Mientras tanto, organismos humanitarios y la Iglesia ecuatoriana han ofrecido su mediación.

El Ejecutivo ha desplegado convoyes militares para trasladar alimentos, gas doméstico y medicinas hacia las zonas más afectadas por los bloqueos, especialmente en Ibarra y Otavalo. Sin embargo, los habitantes de la provincia denuncian que la ayuda es insuficiente y que el malestar social crece cada día.


Ecuador, entre el diálogo y la confrontación

Las protestas en Imbabura reflejan un conflicto más profundo entre el Gobierno de Daniel Noboa y las comunidades indígenas del país. La eliminación del subsidio al diésel ha reabierto heridas históricas, mientras las autoridades intentan mantener el control sin ceder a las presiones.

Con tres muertos confirmados, más de 280 heridos y 25 días de movilizaciones, el paro nacional liderado por la Conaie se consolida como uno de los mayores desafíos políticos del actual gobierno.
El país espera que las mesas de diálogo anunciadas para el lunes logren encauzar las demandas y evitar una crisis social de mayores proporciones.

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