Docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla han denunciado públicamente una serie de prácticas irregulares que afectan sus derechos laborales. Según los testimonios, la gestión del Director de Recursos Humanos, Pedro Zayas Morales, en coordinación con el Oficial Mayor, Iván García Pérez, estaría implementando procedimientos que ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de familias del magisterio poblano.
Estas acciones incluyen la remoción de plazas de manera arbitraria, sin notificación formal ni fundamentación legal, así como cambios de adscripción que presionan a los trabajadores para que renuncien. Los afectados advierten que la situación no distingue entre personal de reciente ingreso y docentes con décadas de servicio.
Remociones de plazas sin sustento legal
El principal señalamiento del magisterio apunta a la llamada “recuperación de plazas”, que consistiría en retirar plazas a los trabajadores alegando irregularidades administrativas. Sin embargo, los documentos presentados carecen de validez jurídica, no cumplen con los procedimientos establecidos en la normativa vigente y no ofrecen derecho de defensa a los afectados.
“Nos presentaron documentos que no están firmados, ni sellados correctamente. Nadie nos explica nada y simplemente nos quitan la plaza”, señaló una docente con más de 10 años de antigüedad.
Cambios de adscripción y presión laboral
Además de las remociones, los trabajadores reportan que se están realizando reubicaciones forzadas a diferentes centros de trabajo, sin solicitud previa ni justificación formal. Los oficios que notifican estos cambios son, en muchos casos, simplemente recibidos y sellados, careciendo de validez administrativa.
Según fuentes del magisterio, estas prácticas parecen tener como objetivo presionar a los trabajadores para que renuncien, una forma de acoso laboral que vulnera derechos adquiridos y genera incertidumbre en el personal educativo.
Casos emblemáticos
Uno de los casos más graves denunciados involucra a una docente que, tras tramitar su recategorización, fue despojada de su plaza con más de 10 años de servicio. Según la trabajadora, no se respetó su trayectoria ni su derecho al debido proceso.
Este caso refleja un patrón de actuación que, según los denunciantes, no se limita a casos aislados, sino que forma parte de una política sistemática de la actual administración.
Silencio de los sindicatos y abandono jurídico
El magisterio poblano también cuestiona la falta de intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Los docentes denuncian que la dirigencia sindical se ha mantenido silenciosa frente a los abusos, mientras estructuras internas del sindicato se ocupan de funciones administrativas o políticas, dejando de lado la defensa jurídica de los agremiados.
“El SNTE debería ser nuestra primera línea de defensa. Hoy sentimos que estamos solos frente a la autoridad”, indicó un trabajador afectado.
Según especialistas consultados, el sindicato carece de equipos jurídicos especializados para enfrentar de manera efectiva los abusos de la autoridad, situación que deja a los maestros en un estado de indefensión jurídica alarmante.
Estructura sindical obsoleta y costosa
Varios docentes señalan que la estructura actual del SNTE en Puebla es obsoleta y costosa, con múltiples secretarías que no cumplen funciones reales de defensa laboral. Esto ha generado un desvío de recursos humanos y financieros, mientras el magisterio sigue sin representación efectiva.
El resultado es un sindicato cada vez más alejado de su función original: proteger los derechos de los trabajadores de la educación.
Impacto en la comunidad educativa
Las afectaciones no se limitan a los trabajadores directamente involucrados. Familias completas dependen de los salarios y la estabilidad de los docentes, por lo que estas prácticas generan estrés económico y social, además de un clima de incertidumbre dentro de las escuelas.
“Cuando afectan a un maestro, afectan a toda su familia. No es solo un empleo, es la seguridad de muchos hogares”, señaló un representante sindical disidente.
Exigen transparencia y respeto a la ley
El magisterio poblano ha hecho un llamado urgente a las autoridades educativas y al sindicato para que garanticen:
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Defensa jurídica efectiva y permanente
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Respeto a la antigüedad y escalafón
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Notificaciones formales y fundamentadas
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Cumplimiento del debido proceso en todas las decisiones laborales
“No pedimos privilegios, pedimos que se respeten nuestros derechos y que se proteja la educación pública”, concluyó un docente afectado.
Los trabajadores de la educación en Puebla denuncian prácticas ilegales, despojo de plazas y abandono sindical. Frente a este escenario, el magisterio exige transparencia, legalidad y respeto a sus derechos laborales, recordando que sin docentes protegidos, la educación pública corre riesgo.
Esta situación se presenta como una crisis en el sistema educativo poblano, que requiere atención inmediata de autoridades, sindicatos y sociedad para evitar daños mayores a quienes sostienen la educación en el estado.