Diversos trabajadores del sector educativo han hecho públicas una serie de denuncias relacionadas con el funcionamiento del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla, señalando presuntas irregularidades administrativas que estarían afectando a cientos de docentes y personal educativo.
De acuerdo con la información recabada, los señalamientos apuntan a posibles prácticas de abuso de autoridad, nepotismo y deficiencias en la gestión administrativa, que habrían provocado el retraso de trámites esenciales como pagos, movimientos de personal, licencias y adscripciones, generando afectaciones laborales y económicas al magisterio poblano.
Recursos Humanos de la SEP Puebla y el rezago en trámites administrativos
Uno de los principales puntos de la denuncia se centra en el rezago de cerca de 900 movimientos de personal, los cuales permanecerían sin resolución dentro del área de Recursos Humanos de la SEP Puebla.
Entre los trámites presuntamente detenidos se encuentran:
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Cambios y movimientos de plaza
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Procesos de adscripción
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Pagos pendientes
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Autorización de licencias administrativas y médicas
Docentes afectados señalan que estos retrasos han generado incertidumbre laboral y dificultades económicas, ya que algunos trabajadores no han recibido su salario completo o carecen de certeza sobre su situación administrativa.
Señalamientos contra funcionarios del área administrativa
Las denuncias mencionan directamente a Pedro Zayas Morales, Director de Recursos Humanos de la SEP Puebla, así como a Iván García Pérez, Oficial Mayor de la dependencia, a quienes se les atribuye la responsabilidad de la actual situación administrativa.
De acuerdo con los testimonios, ambos funcionarios habrían permitido la designación de personal sin el perfil técnico ni la experiencia necesaria en áreas estratégicas, lo que habría contribuido al colapso de los procesos internos.
Imposición de mandos y control de procesos
Dentro de esta estructura administrativa, se señala al Jefe de Departamento, Carlos Gerardo Romero Guerrero, quien habría sido designado por el Oficial Mayor. Según la información disponible, durante su gestión se permitió que personal del área jurídica asumiera funciones operativas y administrativas, pese a no contar con experiencia directa en la gestión de recursos humanos.
Esta situación, de acuerdo con los denunciantes, habría provocado una mayor lentitud en los procesos, así como errores administrativos que continúan sin ser corregidos.
Presunto conflicto de intereses en plazas docentes
Otro de los puntos señalados corresponde al caso de Verónica Larios Hernández, quien funge como particular del Jefe de Departamento. De acuerdo con la denuncia, la funcionaria percibe una plaza docente de tiempo completo, al mismo tiempo que desempeña funciones como personal de confianza dentro de la SEP Puebla.
Los trabajadores que hicieron público el señalamiento consideran que esta situación podría constituir un conflicto de intereses, además de cuestionar si se cumple con las obligaciones correspondientes a la plaza docente asignada.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si existe alguna revisión administrativa sobre este caso específico.
Señalamientos de acoso y presunto encubrimiento
Las denuncias también mencionan la existencia de señalamientos públicos de acoso en contra de un familiar directo de la funcionaria antes mencionada, quien se desempeña como docente en el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE).
De acuerdo con la información difundida, no se tiene conocimiento de investigaciones concluidas ni de resoluciones oficiales relacionadas con estos señalamientos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de los procedimientos internos y el posible encubrimiento de conductas indebidas.
El papel del SNTE ante las denuncias
En este contexto, los denunciantes también han señalado la falta de pronunciamiento público del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) frente a las afectaciones laborales que enfrenta el magisterio.
Hasta ahora, no se han dado a conocer posicionamientos oficiales del sindicato respecto a los retrasos administrativos ni sobre los señalamientos contra funcionarios de la SEP Puebla, situación que ha generado inconformidad entre los docentes afectados.
Contexto estatal: percepción de corrupción en Puebla
Las denuncias se dan en un contexto en el que el propio Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2024-2030 reconoce la magnitud del problema de la corrupción en el estado.
En el Eje 5: Gobierno Transformador y de Resultados, el documento señala que el 87.8% de la población de 18 años y más considera que los actos de corrupción en las dependencias del gobierno estatal son frecuentes o muy frecuentes, de acuerdo con los datos contenidos en las páginas 117 y 120 del PED.
Asimismo, en la página 141, el documento identifica cuatro debilidades estructurales para el combate a la corrupción:
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Brecha tecnológica y administrativa entre dependencias
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Bajo nivel de evaluación del desempeño de los servidores públicos
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Escasa interoperabilidad digital
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Débil cultura de transparencia y rendición de cuentas
Objetivos del eje anticorrupción
El subtema de Anticorrupción del PED establece como objetivo impulsar un gobierno basado en principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con una meta proyectada para 2029 de reducir la tasa de prevalencia de corrupción a 11,200 casos por cada 100 mil habitantes.
En este sentido, las denuncias contra la SEP Puebla han reavivado el debate sobre la coherencia entre los compromisos establecidos en el documento rector del gobierno estatal y las prácticas administrativas denunciadas por trabajadores del sector educativo.
Universidades con RVOE bajo observación
Otro aspecto que ha generado cuestionamientos públicos es la operación de algunas instituciones de educación superior que, pese a presentar inconsistencias en sus RVOE, continúan otorgando títulos académicos.
Entre las instituciones mencionadas se encuentran el Instituto de Estudios Universitarios (IEU) y el Instituto Azteca de Formación Profesional, este último vinculado al Oficial Mayor de la SEP Puebla, Iván García Pérez, quien fue rector y representante legal de dicha institución.
Inconsistencias en información académica
De igual forma, se han señalado diferencias en la información académica reportada por el Oficial Mayor ante distintas instancias.
Según los datos proporcionados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, Iván García Pérez declaró contar con licenciatura, maestría y doctorado por la Escuela Libre de Derecho. No obstante, en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP federal únicamente aparecen registrados una licenciatura en Derecho y un doctorado en Educación por otra institución.
Estas diferencias han motivado llamados a que se revise y aclare la información correspondiente.
Llamado a auditorías y revisión institucional
Ante este panorama, trabajadores del sector educativo han solicitado:
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Auditorías administrativas al área de Recursos Humanos
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Revisión de nombramientos y perfiles
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Atención inmediata al rezago de trámites
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Investigaciones institucionales con apego a la normatividad
Hasta el momento, la SEP Puebla no ha emitido una postura oficial detallada respecto a estos señalamientos.