La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó el inicio del procedimiento de revocación de mandato en Acatlán de Osorio, un proceso que involucra a la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, las siete regidurías y el síndico municipal, David Fernando Chico Rascón.
La determinación fue aprobada por unanimidad y quedó integrada en el expediente CGPC/HCE/001/2026, mediante el cual el Poder Legislativo analizará la situación política y administrativa que atraviesa el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio.
Aunque el procedimiento podría derivar en la separación de integrantes del Cabildo o incluso en la desaparición del Ayuntamiento, por ahora no existe una destitución. El Congreso deberá recibir pruebas, escuchar los argumentos de los funcionarios involucrados y posteriormente determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia alguna de las medidas contempladas por la legislación.
La siguiente etapa ya tiene fecha: la audiencia de la presidenta municipal, los regidores y el síndico se realizará el jueves 10 de septiembre a las 10:00 horas en el Congreso de Puebla.
Congreso inicia formalmente la revocación de mandato en Acatlán de Osorio
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales determinó formalmente iniciar el procedimiento después de analizar la situación que enfrenta el gobierno municipal de Acatlán de Osorio.
El expediente contempla las solicitudes presentadas por siete regidoras y regidores, además del síndico municipal, quienes han señalado problemas relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento y solicitaron la intervención del Congreso del Estado.
El procedimiento se fundamenta en disposiciones de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, particularmente en los artículos señalados por el propio Congreso para analizar la posible revocación de mandato y las condiciones de funcionamiento del gobierno municipal.
La decisión legislativa ocurre después de varios meses de confrontación entre integrantes del Cabildo y la administración encabezada por Guadalupe Lucero Bárcenas.
De acuerdo con la información expuesta durante el proceso, uno de los principales problemas ha sido la imposibilidad de mantener un funcionamiento regular del Cabildo, situación que habría provocado una parálisis en la toma de decisiones del gobierno municipal.
El Congreso deberá determinar ahora si estas circunstancias constituyen causas suficientes para aplicar alguna de las medidas previstas en la legislación.
Guadalupe Lucero Bárcenas y el Cabildo tendrán audiencia el 10 de septiembre
Como parte del debido proceso, el Congreso de Puebla emplazó a todos los integrantes del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio para comparecer.
La audiencia está programada para el 10 de septiembre a las 10:00 horas y participarán la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas, el síndico David Fernando Chico Rascón y las siete regidurías involucradas.
Cada integrante del Ayuntamiento tendrá aproximadamente 30 minutos para presentar pruebas y formular alegatos en su defensa.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Huerta Gómez, explicó que esta etapa tiene como objetivo garantizar el derecho de audiencia y permitir que los funcionarios involucrados expongan su versión de los hechos.
La información presentada durante la audiencia será incorporada al expediente junto con la documentación previamente entregada por los regidores y los informes que fueron remitidos por autoridades estatales.
Esto significa que el Congreso todavía se encuentra en una etapa de análisis y recopilación de elementos.
¿Por qué comenzó el procedimiento contra el Ayuntamiento de Acatlán?
El conflicto político y administrativo en Acatlán de Osorio se ha desarrollado durante varios meses y ha involucrado a distintos integrantes del gobierno municipal.
Los regidores y el síndico señalaron que las diferencias dentro del Cabildo habían alcanzado un punto que dificultaba la operación normal del Ayuntamiento.
Entre los elementos analizados se encuentra la falta de sesiones válidas de Cabildo durante un periodo aproximado de dos meses.
De acuerdo con la información presentada por el Congreso, esta situación se prolongó hasta el 7 de agosto, lo que habría impedido que el órgano colegiado pudiera adoptar determinados acuerdos de manera formal.
La falta de acuerdos entre los integrantes del Ayuntamiento se convirtió así en uno de los principales elementos para que el Congreso interviniera en el conflicto.
A esto se sumó el descontento social expresado mediante protestas y movilizaciones en el municipio.
Regidores y síndico solicitaron la intervención del Congreso de Puebla
La solicitud que dio origen al procedimiento fue presentada por siete regidores y el síndico municipal, quienes desde junio de 2026 comenzaron a denunciar ante el Poder Legislativo la situación que atravesaba el Ayuntamiento.
Posteriormente, durante agosto, los integrantes del Cabildo ratificaron sus planteamientos ante el Congreso.
El conflicto también fue atendido previamente por autoridades estatales. La Secretaría de Gobernación de Puebla, a través de su Dirección de Delegaciones de Gobierno, participó en intentos de mediación entre las partes.
Sin embargo, las diferencias no pudieron ser resueltas mediante esa vía.
Ante la falta de acuerdos, se remitió documentación al Congreso del Estado para que los diputados analizaran el caso y determinaran si existían elementos para iniciar un procedimiento legislativo.
Finalmente, la Comisión de Gobernación decidió abrir formalmente el expediente.
Protestas y tensión política aumentaron la crisis en Acatlán de Osorio
La disputa entre integrantes del Ayuntamiento no se mantuvo únicamente dentro de las oficinas municipales.
Durante los últimos meses se registraron protestas, plantones, marchas y manifestaciones relacionadas con la administración municipal.
También se reportó la toma del Palacio Municipal en medio del conflicto político.
La situación generó un escenario de tensión entre distintos grupos de la población y funcionarios municipales, mientras que los señalamientos entre las partes aumentaron.
Dentro de los antecedentes también existen denuncias públicas relacionadas con presuntas amenazas y hechos en los que se habrían registrado detonaciones de arma de fuego.
Sin embargo, estos señalamientos deberán ser investigados por las autoridades competentes y no implican por sí mismos una responsabilidad jurídica para alguna persona mientras no exista una resolución de la autoridad correspondiente.
El Congreso ha utilizado estos acontecimientos como parte del contexto general para analizar la gobernabilidad del municipio, pero la determinación de responsabilidades penales corresponde a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia.
Congreso también revisará el manejo de recursos públicos
Otro de los elementos que forman parte del análisis legislativo está relacionado con el manejo de los recursos públicos durante la administración municipal.
Durante las declaraciones ofrecidas sobre el procedimiento, se informó que existen elementos proporcionados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) relacionados con el ejercicio de los recursos públicos durante el periodo encabezado por Bárcenas.
No obstante, la existencia de información o revisiones por parte de la Auditoría no significa automáticamente que se haya determinado una responsabilidad administrativa o penal.
Los resultados de cualquier auditoría deberán seguir sus propios procedimientos y, en caso de existir observaciones, corresponderá a las autoridades competentes determinar las consecuencias jurídicas.
Por ello, el Congreso deberá valorar de manera conjunta la información administrativa, política y documental que integra el expediente.
Revocación de mandato no significa destitución inmediata
Uno de los puntos más importantes del proceso es distinguir entre iniciar una revocación de mandato y destituir a un funcionario.
La aprobación del expediente CGPC/HCE/001/2026 únicamente significa que el Congreso de Puebla abrió formalmente un procedimiento para investigar y analizar la situación del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio.
Guadalupe Lucero Bárcenas, los regidores y el síndico mantienen su derecho de audiencia y defensa.
Durante la audiencia del 10 de septiembre podrán presentar documentos, pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
Después de recibir esta información, los integrantes de la Comisión de Gobernación deberán analizar el expediente y determinar qué acciones corresponden.
La decisión definitiva no se produce automáticamente con la aprobación del inicio del procedimiento.
En caso de que el análisis determine que existen causas suficientes para avanzar hacia la separación de integrantes del Ayuntamiento o la desaparición del Cabildo, el asunto tendría que continuar por las vías legislativas correspondientes.
¿Qué puede pasar con el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio?
El procedimiento abierto por el Congreso plantea diferentes escenarios.
Uno de ellos sería que, después del análisis de las pruebas y argumentos, no se encuentren elementos suficientes para separar a los integrantes del Ayuntamiento.
Otro escenario podría implicar la separación de determinados funcionarios, dependiendo de las responsabilidades que eventualmente se acrediten dentro del procedimiento.
También existe la posibilidad de que el Congreso analice la desaparición del Ayuntamiento como órgano colegiado, aunque esta alternativa todavía no está determinada.
En caso de llegar a este último escenario, podría ser necesario establecer un Concejo Municipal que se encargue temporalmente de la administración de Acatlán de Osorio.
El Concejo sería designado por el Poder Legislativo conforme a las disposiciones legales aplicables.
Por ahora, no existe una determinación sobre quiénes integrarían un eventual Concejo ni quién lo presidiría.
Acatlán de Osorio podría convertirse en el sexto municipio con Concejo Municipal
De concretarse la desaparición del Ayuntamiento, Acatlán de Osorio podría convertirse en el sexto municipio de Puebla administrado mediante un Concejo Municipal.
La información expuesta durante el proceso señala que actualmente existen cinco Concejos Municipales en funciones en Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan.
Sin embargo, Acatlán de Osorio todavía no forma parte de esa lista.
Para que esto ocurra tendría que concluir el procedimiento legislativo y aprobarse formalmente la desaparición del Ayuntamiento.
Por ello, hablar actualmente de un Concejo Municipal para Acatlán debe entenderse únicamente como un escenario posible, no como una decisión tomada.
El caso de la madre de la alcaldesa también genera debate
Otro elemento que ha generado discusión política es la posibilidad de que, ante una eventual separación de Guadalupe Lucero Bárcenas, pudiera asumir su suplente.
En declaraciones sobre el caso, Julio Huerta señaló que una eventual sustitución de la presidenta municipal mediante su suplente podría generar nuevamente inconformidad social.
El tema ha cobrado relevancia debido a que la suplencia está relacionada familiarmente con la actual presidenta municipal.
Sin embargo, cualquier determinación sobre la sustitución deberá sujetarse al marco jurídico aplicable y a las resoluciones que eventualmente adopte el Congreso.
Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre la separación de la alcaldesa ni sobre quién podría asumir el gobierno municipal.
Congreso deberá resolver el caso antes de que avance el procedimiento
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tendrá que revisar la documentación que ya forma parte del expediente y sumar las pruebas que sean presentadas durante las audiencias.
El objetivo será determinar si las circunstancias que atraviesa Acatlán de Osorio configuran alguna de las causales previstas por la legislación para proceder contra integrantes del Ayuntamiento o, en su caso, contra el órgano municipal en su conjunto.
La audiencia del 10 de septiembre será, por lo tanto, una etapa relevante para el futuro político del municipio.
Después de escuchar a la alcaldesa, regidores y síndico, los diputados deberán analizar la información y establecer los siguientes pasos.
La resolución tendrá que considerar tanto los señalamientos presentados contra los funcionarios como los argumentos de defensa.
Acatlán de Osorio enfrenta una definición política y administrativa
El municipio se encuentra ante uno de los momentos políticos más complejos de su actual administración.
El conflicto entre integrantes del Cabildo, la falta de sesiones, las protestas sociales y los señalamientos relacionados con el funcionamiento del Ayuntamiento llevaron el caso hasta el Congreso de Puebla.
Ahora será el Poder Legislativo el encargado de determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual revocación de mandato, separación de funcionarios o incluso desaparición del Ayuntamiento.
Sin embargo, ninguna de estas posibilidades puede considerarse definitiva hasta que concluya el procedimiento correspondiente.
La audiencia del próximo 10 de septiembre será fundamental para que los integrantes del Ayuntamiento ejerzan su derecho de defensa.
A partir de esa etapa, la Comisión de Gobernación deberá valorar las pruebas y elaborar una determinación.
El caso de Acatlán de Osorio se mantiene así bajo revisión del Congreso de Puebla, mientras habitantes y autoridades municipales esperan conocer si el conflicto podrá resolverse mediante acuerdos o si finalmente derivará en una intervención legislativa de mayor alcance.
Por ahora, la única decisión formal es el inicio del procedimiento de revocación de mandato mediante el expediente CGPC/HCE/001/2026.
El desenlace dependerá de las pruebas, argumentos y determinaciones que se adopten durante las siguientes etapas del proceso legislativo.