El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó la propuesta de incorporar pruebas antidoping como parte de los mecanismos de selección de candidatos a cargos de elección popular en el estado, de cara al proceso electoral de 2027.
El mandatario incluso aseguró que está dispuesto a someterse personalmente a una prueba toxicológica para poner el ejemplo, luego de que el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, planteara la posibilidad de impulsar una reforma legal para establecer este tipo de exámenes a quienes aspiren a competir por un cargo público.
La propuesta ha encontrado eco dentro de Morena Puebla. Alfonso Bermúdez Ruiz, representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), manifestó su respaldo a que los aspirantes puedan someterse a pruebas de esta naturaleza, mientras que la dirigencia estatal también consideró que un examen toxicológico podría convertirse en un requisito adicional para quienes busquen una candidatura.
Sin embargo, detrás de la aparente sencillez de la propuesta existe una discusión mucho más amplia: ¿una prueba antidoping realmente puede impedir que una persona vinculada con grupos criminales llegue a un cargo público?
La respuesta no es tan sencilla.
Armenta acepta someterse al antidoping y pide poner el ejemplo
Durante su conferencia de prensa de inicio de semana, Alejandro Armenta fue cuestionado sobre la propuesta de realizar pruebas antidoping a los aspirantes a cargos de elección popular.
El gobernador respondió en tono relajado, pero posteriormente calificó la iniciativa como una propuesta “extraordinaria” y manifestó su disposición para someterse al examen.
Armenta sostuvo que, si este mecanismo ayuda a los partidos políticos a evitar la postulación de personas relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas o con determinadas conductas de riesgo, podría representar una herramienta adicional para mejorar los procesos de selección.
El mandatario incluso recurrió al humor para referirse a un eventual resultado de la prueba, al señalar que en su caso únicamente encontrarían “exceso de pozole”.
Más allá de la frase, el mensaje político fue claro: Armenta pretende convertir el antidoping en un asunto de responsabilidad pública y no solamente en una prueba personal.
El gobernador argumentó que los partidos políticos son quienes abren las puertas a los candidatos, pero una vez que éstos llegan a los gobiernos, son las instituciones y la población quienes enfrentan las consecuencias de una mala selección.
“Sí, con mucho gusto lo voy a hacer para poner el ejemplo”, sostuvo el gobernador al referirse a la posibilidad de realizarse una prueba.
La propuesta llega además en un momento particularmente sensible para los partidos políticos, debido a los cuestionamientos relacionados con la selección de perfiles y los mecanismos utilizados para determinar quiénes pueden competir bajo sus siglas.
El antidoping como filtro para las elecciones de 2027
La discusión sobre las pruebas toxicológicas no surgió de manera aislada.
La propuesta planteada por José Luis García Parra contempla modificar la legislación para establecer pruebas antidoping a quienes aspiren a cargos de elección popular en Puebla.
El objetivo planteado es generar un filtro adicional antes de que los partidos políticos postulen a sus candidatos.
En términos políticos, la medida podría tener un fuerte impacto durante el proceso electoral de 2027, cuando Puebla renovará distintos cargos de elección popular.
Pero existe una diferencia importante entre detectar consumo de determinadas sustancias y acreditar que una persona representa un riesgo para las instituciones.
Una prueba toxicológica puede identificar determinadas sustancias dentro de un periodo específico, dependiendo del tipo de examen utilizado. Lo que no puede demostrar por sí sola es si un candidato tiene vínculos con una organización criminal, si ha participado en actos de corrupción o si representa un riesgo para la seguridad pública.
Ahí se encuentra uno de los principales puntos débiles de la propuesta.
¿Puede un antidoping detectar vínculos con el crimen organizado?
La propuesta ha sido presentada como una herramienta para evitar que personas relacionadas con grupos criminales puedan llegar a posiciones de poder.
Sin embargo, el consumo de drogas y la delincuencia organizada son fenómenos distintos.
Una persona puede resultar negativa en una prueba toxicológica y aun así tener relaciones ilícitas, mientras que una persona que consuma alguna sustancia no necesariamente tiene vínculos con una organización criminal.
Por ello, convertir el antidoping en el principal mecanismo de seguridad para seleccionar candidatos podría generar una falsa sensación de protección.
El problema de fondo no está únicamente en determinar si un aspirante consume o no determinadas sustancias.
También implica revisar su patrimonio, antecedentes legales, relaciones empresariales, trayectoria pública, posibles conflictos de interés, comportamiento financiero y cualquier señal de vínculos con estructuras criminales.
En otras palabras, el antidoping podría ser un filtro, pero difícilmente puede ser el filtro.
Morena Puebla también respalda la propuesta
La iniciativa ha comenzado a recibir respaldo dentro de Morena Puebla.
Alfonso Bermúdez Ruiz, representante del partido ante el IEE, manifestó que personalmente no tendría inconveniente en realizarse una prueba de este tipo.
El morenista señaló que el tema se encuentra en manos del Congreso de Puebla y que corresponderá a las instancias legislativas determinar si la medida puede convertirse en una obligación legal.
También explicó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena tendría que definir si el partido aplicará pruebas toxicológicas a sus aspirantes incluso antes de que exista una obligación establecida en la legislación electoral.
Por su parte, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, expresó confianza en que las pruebas puedan convertirse en un requisito dentro de la legislación electoral.
El argumento central es que los partidos deben incrementar sus controles para evitar que personas relacionadas con actividades ilícitas lleguen a ocupar cargos públicos.
La postura representa un cambio relevante en el discurso partidista: ya no se habla únicamente de ganar elecciones, sino de establecer mecanismos para revisar con mayor profundidad a quienes pretenden representar al movimiento.
El problema de las candidaturas no termina con un examen
La discusión se vuelve todavía más relevante después de que Morena Puebla reconociera la necesidad de fortalecer sus mecanismos internos de selección.
El representante electoral del partido, Alfonso Bermúdez, señaló que Morena no es “tapadera de nadie” y rechazó que la organización busque encubrir conductas ilícitas de sus militantes.
De acuerdo con su postura, existen militantes que han enfrentado procesos penales durante la actual administración y sostuvo que las personas involucradas se habrían apartado de los principios políticos que el movimiento promueve.
El argumento también plantea una pregunta incómoda para los partidos:
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una organización política por los perfiles que postula?
No basta con señalar que una persona se apartó de los principios partidistas una vez que llegó al poder.
La ciudadanía puede cuestionar si los partidos cuentan realmente con mecanismos suficientes para revisar a sus candidatos antes de entregarles una candidatura.
Por eso, la propuesta del antidoping puede ser vista como un primer paso, pero no como una solución integral.
El reto será demostrar que los filtros funcionan
Morena Puebla también anunció que reforzará sus filtros para la selección de candidaturas rumbo a 2027.
El partido ha señalado que tanto la Comisión Nacional de Elecciones como la Comisión Evaluadora de Perfiles tendrán un papel más riguroso en el análisis de quienes pretendan competir bajo sus siglas.
La medida resulta relevante porque las elecciones de 2027 podrían convertirse en una nueva prueba para los partidos políticos en materia de selección de candidatos.
No obstante, fortalecer los filtros implica mucho más que incorporar un examen médico.
Se necesitarían mecanismos transparentes para revisar los antecedentes de los aspirantes y, sobre todo, criterios que puedan ser explicados públicamente.
De poco serviría realizar una prueba antidoping si otros elementos importantes del perfil del candidato permanecen sin revisión.
La polémica detrás de la propuesta
El antidoping también puede generar problemas si no se establecen reglas claras.
Por ejemplo, tendría que definirse qué sustancias serían buscadas, qué tipo de prueba se utilizaría, quién realizaría los exámenes, qué laboratorios estarían autorizados, qué ocurriría ante un resultado positivo y cuáles serían los mecanismos para impugnarlo.
También tendría que garantizarse la privacidad de los resultados y establecerse con claridad quién tendría acceso a esa información.
Además, existe un debate jurídico y de derechos sobre el uso de información médica o toxicológica dentro de los procesos electorales.
Si la intención es elevar los estándares de los candidatos, la legislación tendría que evitar que el antidoping se convierta en un instrumento de persecución política.
Un mecanismo mal diseñado podría utilizarse para desacreditar adversarios, generar filtraciones de información privada o incluso convertir un resultado médico en un arma electoral.
Por ello, la transparencia y la certeza jurídica serán tan importantes como la prueba misma.
La seguridad pública exige filtros más completos
El argumento de evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos tiene una dimensión mucho más profunda.
Los grupos criminales no necesariamente necesitan que una persona consuma drogas para intentar establecer relaciones con funcionarios.
La infiltración puede producirse mediante corrupción, financiamiento ilegal, amenazas, extorsiones, conflictos de interés o relaciones económicas.
Por esa razón, un verdadero sistema de prevención tendría que contemplar distintas herramientas.
Entre ellas podrían encontrarse revisiones patrimoniales, declaraciones de intereses, análisis de antecedentes, mecanismos de fiscalización, controles sobre financiamiento electoral y procedimientos para detectar posibles conflictos de interés.
También sería necesario fortalecer las instituciones responsables de investigar posibles vínculos criminales.
El riesgo es que la discusión pública se concentre únicamente en el antidoping porque es una medida sencilla de explicar y de comunicar políticamente.
Pero el problema que pretende resolver es mucho más complejo.
Armenta coloca el tema sobre la mesa rumbo a 2027
La propuesta, sin embargo, tiene una importancia política indiscutible.
Al respaldar públicamente el antidoping y señalar que está dispuesto a someterse a la prueba, Alejandro Armenta coloca el tema dentro de la agenda electoral rumbo a 2027.
El gobernador también envía un mensaje a los partidos políticos: la selección de candidatos debe ser sometida a mayores controles.
La pregunta ahora será si el Congreso de Puebla transforma la propuesta en una reforma concreta y, en caso de hacerlo, qué características tendrá.
También será importante saber si el resto de los partidos políticos respaldará la medida o cuestionará su aplicación.
Porque si el objetivo es establecer un estándar para todas las candidaturas, la regla tendría que aplicarse de manera general y no solamente a determinados partidos o grupos políticos.
El verdadero examen será la selección de candidatos
El debate sobre el antidoping puede ser útil si se entiende como una pieza dentro de una estrategia mucho más amplia.
Una prueba toxicológica puede aportar información, pero no puede sustituir una investigación integral sobre la trayectoria de una persona.
La ciudadanía necesita algo más que candidatos que puedan presentar un resultado negativo en un examen.
Necesita conocer quiénes son, de dónde provienen sus recursos, cuál ha sido su trayectoria profesional y política, qué intereses económicos tienen y si existen elementos que puedan comprometer su actuación desde un cargo público.
En ese sentido, el verdadero antidoping de los partidos políticos debería ser su capacidad para explicar por qué eligieron a cada candidato.
Si un partido puede justificar de manera transparente por qué una persona fue seleccionada, qué filtros superó y qué controles existen para vigilar su desempeño, el proceso electoral gana legitimidad.
Si solamente se presenta un examen toxicológico como garantía de honestidad, el mecanismo podría quedarse corto.
Una propuesta que abre más preguntas que respuestas
Alejandro Armenta ya aceptó el reto y Morena Puebla también manifestó disposición a respaldar la aplicación de pruebas toxicológicas.
Ahora corresponde al Poder Legislativo analizar si esta propuesta puede convertirse en una reforma viable y, sobre todo, establecer las reglas para evitar que termine siendo únicamente un recurso político.
La discusión rumbo a 2027 debería ir más allá de saber quién consume o no determinadas sustancias.
La pregunta central tendría que ser otra:
¿Cómo garantizar que los partidos políticos postulen candidatos sin vínculos con estructuras criminales, con una trayectoria pública verificable y con condiciones suficientes para ejercer un cargo de elección popular?
El antidoping puede formar parte de la respuesta, pero difícilmente será la respuesta completa.
El desafío para los partidos políticos será demostrar que los filtros funcionan antes de que las boletas lleguen a las manos de los ciudadanos.
Porque una vez que una candidatura llega a las urnas, la responsabilidad de elegir pasa a la sociedad; pero la responsabilidad de seleccionar perfiles adecuados comienza mucho antes, dentro de los propios partidos políticos.
Y de cara a las elecciones de 2027, ese será uno de los principales exámenes que deberán enfrentar.