Después de 18 años de resistencia, litigios y desgaste social, la histórica huelga de los mineros de Cananea llegó oficialmente a su fin. El cierre de uno de los conflictos laborales más largos en la historia contemporánea de México se concretó con la firma de un acuerdo tripartita entre el Gobierno de México, Grupo México y el Gobierno de Sonora, el cual activa un Plan Integral de Justicia Social y Justicia Ambiental con una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, fue la encargada de anunciar formalmente la conclusión del conflicto, acompañada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Ambos destacaron que el acuerdo no solo pone fin a la huelga iniciada en 2007, sino que abre una etapa de reparación integral para los trabajadores, sus familias y las comunidades afectadas por décadas de explotación minera y daño ambiental en la cuenca del Río Sonora.

 


Un conflicto que marcó al movimiento obrero mexicano

La huelga de Cananea no fue un conflicto laboral ordinario. Estalló en julio de 2007, en un sitio con enorme carga histórica y simbólica: Cananea, Sonora, considerada la cuna del movimiento obrero moderno en México tras la huelga de 1906, antecedente directo de la Revolución Mexicana.

Durante casi dos décadas, más de 650 trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros enfrentaron desempleo, precarización, estigmatización y exclusión social. Muchos denunciaron haber sido incluidos en listas negras que les impidieron encontrar empleo en otras minas, afectando incluso a sus hijos y familiares. En ese periodo, 53 mineros fallecieron sin ver resuelta su lucha.

La prolongación del conflicto evidenció fallas estructurales en la justicia laboral mexicana, la debilidad histórica del Estado frente a grandes corporaciones y la falta de mecanismos eficaces de reparación para comunidades mineras.


Un acuerdo tripartita sin precedentes

El acuerdo que pone fin a la huelga fue suscrito en la Secretaría de Gobernación, con la participación del gobierno federal, el sindicato y la empresa Grupo México. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó desde Palacio Nacional que se trata de un pacto histórico que se inscribe en un Plan de Justicia para Cananea.

“Se llegó a un acuerdo muy importante para el plan de justicia de Cananea. Los trabajadores, luego de años de huelga, han decidido levantarla mediante un apoyo y un resarcimiento. Esto es algo histórico para Sonora”, afirmó la mandataria.

La firma del convenio contó también con la presencia del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y del senador y dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, quien calificó el acuerdo como “una victoria no solo para los mineros, sino para todos los trabajadores del país”.

 


Desglose de la inversión: más de 2 mil 222 millones de pesos

Uno de los elementos centrales del acuerdo es la bolsa económica millonaria destinada a saldar adeudos laborales, garantizar seguridad social y financiar acciones de remediación ambiental.

Distribución de los recursos

  • Grupo México: 1,500 millones de pesos (70.14%), adicionales a los 59 millones de pesos depositados previamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 2018 y 2019.

  • Gobierno de México: 483.6 millones de pesos (21.7%).

  • Gobierno de Sonora: 180 millones de pesos (8%).

Rosa Icela Rodríguez subrayó que la postura del Estado fue firme ante los incumplimientos empresariales y que los recursos llegarán directamente a los trabajadores y a las viudas, sin intermediarios, a través de un fondo mixto creado específicamente para este plan.


Beneficios directos para trabajadores y familias

El convenio garantiza liquidaciones conforme al contrato colectivo original, así como acceso a seguridad social y al sistema de pensiones para:

  • 650 trabajadores mineros.

  • Viudas de 53 trabajadores fallecidos durante el prolongado conflicto.

Además, se contempla la apertura de hasta 400 plazas en el yacimiento de Cananea para quienes deseen reincorporarse a la actividad minera, un punto que el sindicato vigilará de manera estricta tras denunciar prácticas de discriminación laboral en el pasado.


Justicia ambiental: el Río Sonora en el centro del acuerdo

El acuerdo no se limita a lo laboral. Uno de sus ejes más relevantes es la justicia ambiental, particularmente en la cuenca del Río Sonora, afectada por años de actividad minera y por el derrame tóxico de 2014.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por Alicia Bárcena, se implementará un ambicioso paquete de obras.

Obras clave de remediación ambiental

  • Construcción de 16 plantas potabilizadoras, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.

  • Instalación de estaciones de monitoreo permanente de la calidad del agua.

  • Equipamiento de un laboratorio regional para análisis de metales pesados y toxicología.

  • Edificación de un Hospital Regional en Ures, con 60 camas y especialización en daños renales, una de las principales afectaciones asociadas a la contaminación hídrica.

En estos trabajos participan también el IMSS-Bienestar, encabezado por Alejandro Svarch, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dirigida por Mariana Boy.


Una herida social que tardó casi dos décadas en cerrarse

Durante los 18 años de huelga, Cananea vivió un profundo deterioro social: migración forzada, quiebras familiares, pérdida de acceso a la salud y un sentimiento generalizado de abandono institucional. Los inviernos con temperaturas bajo cero y los veranos extremos se convirtieron en el telón de fondo de una resistencia obrera pocas veces vista en el mundo.

Napoleón Gómez Urrutia recordó que los trabajadores no cobraron un solo salario durante años y que, aun así, sostuvieron el movimiento con apoyo solidario del sindicato y de otras secciones mineras del país.

“Dieciocho años y medio se dice fácil, pero fueron de gran lucha, de resistencia de los trabajadores y sus familias”, afirmó.


Cierre de una etapa, apertura de otra

El fin de la huelga de Cananea marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado mexicano, los trabajadores y las grandes corporaciones. Para el actual gobierno federal, el acuerdo representa una señal de que la justicia laboral y ambiental pueden ser pilares reales de política pública y no solo discursos.

Para los mineros, el cierre del conflicto significa recuperar dignidad, derechos y futuro, aunque también deja lecciones dolorosas sobre los costos humanos de la impunidad y la falta de voluntad política en el pasado.

Mientras el sindicato insiste en que aún quedan pendientes las huelgas de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, el caso Cananea queda inscrito como un precedente histórico: una lucha larga, desgastante y profundamente humana que, tras casi dos décadas, finalmente encontró una salida.

Cananea resistió. Y, al final, venció.