Las declaraciones realizadas por las diputadas locales de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela (Grace) Palomares Ramírez, continúan generando consecuencias políticas e institucionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento en el que condenó los comentarios realizados por ambas legisladoras hacia las personas adultas mayores, mientras que la dirigencia estatal de Morena confirmó que existe un procedimiento interno que, de prosperar, podría impedirles participar como candidatas en las elecciones de 2027.

El caso ha escalado más allá de la polémica en redes sociales y ahora involucra un debate sobre la responsabilidad de los representantes populares, la protección de los derechos humanos, la discriminación por edad y las posibles sanciones partidistas que podrían aplicarse a quienes incurran en conductas consideradas contrarias a los principios del movimiento.

CNDH condena declaraciones de diputadas de Puebla por presunto discurso de odio

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un posicionamiento público en el que calificó como preocupantes las expresiones realizadas por las diputadas poblanas durante un podcast, donde hicieron comentarios despectivos relacionados con el envejecimiento.

De acuerdo con el organismo nacional, las expresiones difundidas en plataformas digitales representan una posible vulneración a los derechos humanos de las personas adultas mayores al promover estereotipos negativos y fomentar la discriminación por edad, práctica conocida internacionalmente como edadismo.

En su pronunciamiento, la CNDH señaló que frases utilizadas para referirse a este sector de la población, como afirmar que “huelen a baúl” o que “se están pudriendo”, rebasan el ámbito del humor o de la libertad de expresión cuando tienen como efecto la descalificación y la afectación de la dignidad de un grupo históricamente vulnerable.

Para el organismo, las personas servidoras públicas tienen una responsabilidad mayor frente a la sociedad, ya que representan instituciones democráticas y deben contribuir a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La CNDH considera insuficiente una disculpa en redes sociales

Otro de los puntos centrales del posicionamiento fue que una eventual disculpa pública o retractación en redes sociales no basta para reparar el daño ocasionado.

La Comisión sostuvo que cuando un servidor público incurre en expresiones discriminatorias, la reparación debe ir acompañada de acciones institucionales orientadas a evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Asimismo, recordó que quienes ocupan cargos de representación popular están obligados a actuar bajo principios de igualdad, inclusión y respeto a la dignidad humana, especialmente cuando se trata de sectores protegidos por la legislación nacional e internacional.

Exhortan al Congreso de Puebla a fijar una postura institucional

Como parte de su pronunciamiento, la CNDH llamó directamente al Congreso del Estado de Puebla para asumir una postura clara frente a los hechos.

Entre las medidas sugeridas por el organismo destacan:

• Emitir un posicionamiento institucional sobre los hechos.
• Fortalecer los códigos de ética aplicables a las y los legisladores.
• Impulsar mecanismos que prevengan expresiones discriminatorias dentro del servicio público.
• Implementar procesos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos y envejecimiento.

La Comisión enfatizó que normalizar este tipo de expresiones bajo el argumento del humor o de un contexto informal resulta incompatible con un Estado constitucional de derecho.

¿Qué es el edadismo y por qué constituye una forma de discriminación?

El término edadismo hace referencia a cualquier forma de discriminación, prejuicio o estereotipo basado exclusivamente en la edad de una persona.

Diversos organismos internacionales han advertido que este fenómeno afecta principalmente a las personas adultas mayores mediante expresiones que las ridiculizan, minimizan sus capacidades o justifican tratos desiguales.

En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce el derecho de este grupo poblacional a vivir libres de violencia, discriminación y cualquier conducta que menoscabe su dignidad.

La CNDH recordó que estos derechos también están respaldados por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

Morena confirma procedimiento interno contra Nayeli Salvatori y Grace Palomares

Mientras el pronunciamiento de la CNDH incrementó la presión institucional, la dirigencia estatal de Morena confirmó que las legisladoras enfrentan un procedimiento interno derivado de los mismos hechos.

Durante una conferencia de prensa, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), explicó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será la instancia encargada de determinar si las diputadas incurrieron en conductas que ameriten sanciones partidistas.

El dirigente puntualizó que el procedimiento apenas inicia y que será dicho órgano quien determine las responsabilidades correspondientes conforme a la normatividad interna del partido.

Suspensión de derechos partidistas podría impedirles competir en 2027

Uno de los aspectos que mayor impacto político podría tener es la eventual suspensión de los derechos partidistas de ambas legisladoras.

Bermúdez Ruiz explicó que, conforme al artículo 132 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, una sanción de esa naturaleza impediría que las diputadas pudieran registrarse como candidatas en futuros procesos internos.

En consecuencia, si la Comisión determina aplicar dicha medida, Nayeli Salvatori no podría buscar la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, mientras que Grace Palomares tampoco estaría en condiciones de competir por una eventual reelección como diputada local en el proceso electoral de 2027.

No obstante, Morena insistió en que aún no existe una resolución definitiva y que ambas legisladoras conservan plenamente sus derechos mientras concluye el procedimiento.

La controversia llegó hasta la Presidencia de México y el Gobierno de Puebla

El caso también provocó reacciones desde distintos niveles de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó públicamente que tanto su administración como Morena rechazan cualquier forma de discriminación.

En el mismo sentido, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, expresó su desaprobación de los comentarios realizados por las diputadas y señaló que corresponde a Morena definir las sanciones partidistas que considere pertinentes.

Estas posturas reflejan la relevancia política que adquirió el caso, al involucrar principios fundamentales del movimiento, como la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

Morena se deslinda de los ingresos de las legisladoras

Durante la misma conferencia, dirigentes estatales de Morena también respondieron a cuestionamientos relacionados con los ingresos económicos de ambas diputadas.

En semanas recientes surgieron señalamientos respecto a posibles ingresos derivados de actividades de consultoría y publicidad en redes sociales, situación que generó críticas por una aparente contradicción con los principios de austeridad promovidos por el partido.

Al respecto, Pablo Salazar, coordinador general de Delegadas y Delegados Territoriales de Morena en Puebla, afirmó que el partido no regula el nivel de ingresos personales de sus militantes, siempre que éstos cumplan con las obligaciones legales en materia de transparencia y declaración patrimonial.

Por ello, Morena aclaró que dichos temas no forman parte del procedimiento disciplinario actualmente en curso.

La Comisión Nacional de Elecciones revisará perfiles rumbo a 2027

La dirigencia estatal recordó además que, independientemente del caso específico de Salvatori y Palomares, todas las personas interesadas en participar en el proceso electoral de 2027 deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Ese órgano será responsable de revisar los perfiles políticos, antecedentes, congruencia con los principios del partido y cumplimiento de la normatividad interna antes de autorizar cualquier candidatura.

En ese contexto, la eventual resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podría tener efectos directos sobre la elegibilidad de las diputadas para futuros cargos de elección popular.

El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos

La controversia también ha reactivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando quienes emiten declaraciones son representantes populares.

Especialistas en derechos humanos han señalado en diversas ocasiones que los servidores públicos no sólo están sujetos al marco legal, sino también a estándares éticos más elevados debido a la naturaleza de sus funciones.

En ese sentido, el pronunciamiento de la CNDH sostiene que el ejercicio de un cargo público implica promover una cultura de respeto e inclusión, especialmente hacia grupos que históricamente han enfrentado discriminación, como las personas adultas mayores.

Asimismo, el caso pone sobre la mesa la importancia de fortalecer mecanismos de prevención, capacitación y sensibilización para evitar que expresiones discriminatorias se normalicen dentro del ámbito político.

Un procedimiento que aún no concluye

Aunque las críticas públicas y los pronunciamientos institucionales han aumentado la presión sobre las legisladoras poblanas, el procedimiento disciplinario dentro de Morena continúa en etapa inicial y será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la encargada de determinar si existió una violación a los principios del partido y, en su caso, definir las sanciones correspondientes.

Mientras tanto, el posicionamiento de la CNDH coloca el caso como uno de los episodios más relevantes en materia de derechos humanos y responsabilidad política en Puebla durante 2026, al recordar que el combate a la discriminación y la protección de la dignidad de las personas adultas mayores constituyen obligaciones legales y éticas para todas las autoridades y representantes públicos.