La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) terminó convertida en un espectáculo político. Lo que debía ser una diligencia institucional para aclarar la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano acabó transformado en un acto de propaganda del PAN.
La mandataria estatal acudió a las oficinas de la FGR rodeada de dirigentes panistas, legisladores y simpatizantes. En lugar de responder sobre un tema delicado para la soberanía nacional, decidió lanzar acusaciones de persecución política y presentarse como víctima.
La escena dejó una imagen preocupante. Una gobernadora utilizó una investigación federal como escenario mediático. Peor aún, evitó rendir declaración escudándose en el fuero constitucional.
El tema de fondo es gravísimo: agentes extranjeros operando en México
La investigación de la FGR no gira alrededor de un asunto menor. Las autoridades federales buscan esclarecer la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo realizado en Chihuahua.
El caso explotó después de que dos agentes extranjeros murieran tras un accidente en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos. La revelación abrió preguntas delicadas sobre la participación de agencias estadounidenses dentro del país.
México no puede normalizar este tipo de situaciones.
La soberanía nacional no es un discurso vacío. Ninguna agencia extranjera debería operar en territorio mexicano sin controles claros ni autorización federal plenamente transparente.
Sin embargo, en lugar de explicar qué ocurrió y bajo qué acuerdos actuaban esos agentes, Maru Campos optó por convertir el tema en una batalla política.
Maru Campos evita declarar y usa el fuero como escudo político
Aunque acudió físicamente a la Fiscalía, la gobernadora se negó a rendir declaración. Presentó un escrito para argumentar que el citatorio era improcedente debido al fuero que posee como titular del Ejecutivo estatal.
Legalmente puede defenderse. Políticamente, la decisión resulta escandalosa.
Resulta imposible ignorar la contradicción. La gobernadora acusa autoritarismo mientras utiliza un privilegio constitucional para evitar responder directamente sobre un tema relacionado con seguridad nacional.
La FGR la citó como testigo. No existía una acusación formal en su contra. Aun así, Campos decidió montar un discurso de persecución antes que colaborar plenamente con la investigación.
El mensaje que deja es peligroso. Cuando la investigación toca intereses políticos, el fuero aparece como muro de protección.
La Fiscalía terminó convertida en escenario de campaña
La presencia de dirigentes del PAN confirmó que el objetivo era político desde el inicio.
La gobernadora llegó acompañada por Jorge Romero, Ricardo Anaya, Federico Döring y otros cuadros panistas. Incluso aparecieron simpatizantes con pines de “Yo con Maru”.
La imagen resultó absurda.
Una diligencia ministerial terminó pareciendo un evento electoral. Hubo discursos, posicionamientos políticos y ataques contra el Gobierno federal. Todo ocurrió frente a una investigación relacionada con agentes extranjeros y posibles violaciones a la soberanía mexicana.
El PAN decidió cerrar filas. Sin embargo, casi nadie respondió la pregunta más importante: ¿por qué había agentes de inteligencia estadounidenses involucrados en operativos dentro de Chihuahua?
Victimización política para desviar la atención
Durante su mensaje, Maru Campos aseguró que la Fiscalía busca “fabricarle un caso”. También afirmó que existe autoritarismo desde el poder federal.
El problema es que ese discurso desvía completamente la discusión principal.
La ciudadanía merece respuestas sobre la presencia de la CIA en México. Merece saber quién autorizó esas operaciones. Merece conocer el nivel de coordinación entre autoridades estatales y agencias estadounidenses.
Nada de eso quedó claro.
En cambio, la gobernadora apostó por el espectáculo político. Eligió confrontar públicamente a las instituciones antes que transparentar los hechos.
La estrategia parece evidente: convertir una investigación incómoda en una narrativa electoral.
El fuero no debería utilizarse para evitar rendir cuentas
El caso también revive un debate incómodo en México. Muchos funcionarios siguen utilizando el fuero como herramienta de protección política.
La inmunidad constitucional existe para proteger funciones institucionales. No debería convertirse en un blindaje automático frente a investigaciones delicadas.
Más grave aún resulta el contexto de este caso. La investigación involucra posibles operaciones de agencias extranjeras dentro del territorio nacional. Eso debería obligar a cualquier autoridad a actuar con máxima transparencia.
En lugar de ello, Maru Campos decidió victimizarse.
La mandataria no salió a aclarar dudas sobre soberanía nacional. Tampoco explicó por qué presuntos agentes estadounidenses participaban en operativos locales. Prefirió hablar de persecución política y rodearse de dirigentes partidistas.
México necesita respuestas, no shows políticos
La actuación de la gobernadora dejó una sensación de impunidad política. El mensaje parece claro: cuando una investigación resulta incómoda, se activa el discurso de persecución y se utiliza el fuero como escudo.
Eso debilita la confianza ciudadana.
También daña la imagen institucional del país frente a un tema extremadamente sensible. La presencia de agencias extranjeras en México exige seriedad, transparencia y rendición de cuentas.
Lo ocurrido en la FGR fue exactamente lo contrario.
Hubo consignas políticas.
Hubo victimización.
Hubo propaganda partidista.
Pero no hubo respuestas claras sobre la CIA.
Y eso debería preocupar mucho más que cualquier discurso electoral.