La crisis que hoy envuelve a Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe no es producto de rumores, ni de exageraciones partidistas: es consecuencia directa de sus propias decisiones, sus círculos de confianza y la forma irresponsable en que han permitido que sus alcaldías se contaminen de operadores, presiones y grupos que actúan al margen de la ética pública.
Lo que hoy se discute en el Congreso de la Ciudad de México no es un chisme político:
son nombres, estructuras, operadores, grabaciones, funcionarios y vínculos reales, señalados públicamente con pruebas y testimonios.
Y si algo queda claro es que tanto Rojo de la Vega como Tabe han dejado que la política se les salga de las manos.
Alessandra Rojo de la Vega: de “alcaldesa influencer” a operadora política con operadores señalados
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega se ha construido un personaje público basado en el activismo mediático, los discursos sobre derechos y la imagen de “mujer fuerte que no se deja”.
Pero los señalamientos recientes la exponen como lo contrario:
Una funcionaria que utiliza la estructura de su alcaldía para presionar, condicionar apoyos, movilizar ambulantes y recurrir a operadores políticos con historiales cuestionables.
Los nombres que la rodean lo dicen todo
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Rubén Jiménez Barrios, líder de ambulantes, operador del PRI capitalino, aliado clave de Rojo de la Vega y padre de los concejales Grecia Maribel, Jean Leonet y Rubén Erik Alejandro Jiménez Hernández, fue señalado directamente como uno de los responsables de movilizar comerciantes bajo amenazas.
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Existe un audio presentado en el Congreso donde una funcionaria de la alcaldía Cuauhtémoc condiciona la entrega de un programa social a asistir a un evento de Rojo de la Vega.
Esto no es rumor: es evidencia reproducida públicamente. -
Legisladores incluso sostienen que integrantes del llamado bloque negro —grupo identificado por generar violencia— cobran en la nómina de su administración.
Si esto se confirma, hablaríamos de un nivel de corrupción político-operativa gravísimo, impropio de cualquier gobierno democrático.
Su estilo de gobierno: presión, chantaje y espectáculo
Rojo de la Vega juega a dos bandas:
—La alcaldesa “progresista” que va a marchas y se victimiza en redes.
—Y la operadora que usa a líderes como Jiménez Barrios para mover masas y condicionar programas.
La pregunta es inevitable:
¿Quién gobierna Cuauhtémoc, Alessandra o sus operadores?
Porque hoy la alcaldía parece más una agencia de movilización política que una institución pública.
Mauricio Tabe: un alcalde atrapado en su propio fuego
Por su parte, Mauricio Tabe gobierna Miguel Hidalgo con un estilo que mezcla arrogancia, improvisación y una peligrosa permisividad hacia funcionarios que operan sin control.
Las acusaciones contra su administración incluyen presencia de un subdirector, Roberto Arceo Trujillo, dando indicaciones en plena marcha a grupos que luego desataron violencia frente a la Suprema Corte.
Los nombres que comprometen a Tabe:
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Roberto Arceo Trujillo, subdirector de la alcaldía e integrante de organizaciones de comerciantes, señalado como coordinador de golpeadores el día de la marcha.
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Alberto González Mancilla, panista, exaspirante a consejero regional, capacitador electoral del PAN, quien fue identificado saltando una valla del Zócalo para intentar llegar a Palacio Nacional.
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Un operador del PAN que cobra directamente en el Congreso y que fue visto intentando llegar a las puertas de Palacio Nacional presuntamente con intención incendiaria.
Tabe insiste en que él no sabía nada.
Pero si su gente está metida en movilizaciones violentas,
eso no es ignorancia: es complicidad.
Tabe gobierna con doble moral
Se vende como el alcalde “serio” y “ordenado”, pero su administración:
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Está envuelta en escándalos permanentes.
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Permite que funcionarios operen políticamente en plena calle.
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Está relacionada con personajes que protagonizaron momentos de violencia viral.
Tabe exige orden, pero no puede ni controlar a sus propios hombres.
Una coincidencia inquietante: los mismos patrones, las mismas prácticas, los mismos operadores
Lo más alarmante no es lo que hace cada uno por separado.
Es lo que ambos comparten:
Operadores políticos con historial turbio
Jiménez Barrios, Arceo Trujillo, González Mancilla…
los nombres se repiten en listas y testimonios.
Movilización de comerciantes bajo amenazas
Testimonios aseguran que exigían “dos personas por puesto”, bajo riesgo de perder el trabajo.
Uso faccioso de la estructura pública
Programas sociales condicionados, funcionarios presionando, operadores moviendo masas.
Un discurso de víctima mientras operan en la sombra
Ambos alcaldes se quejan de persecución, pero sus propios equipos aparecen involucrados en incidentes graves.
Incapacidad para asumir responsabilidades
La respuesta de ambos fue culpar al adversario.
Nunca hicieron una sola autocrítica.
Nunca explicaron el rol de sus operadores.
Nunca aclararon por qué aparecieron funcionarios suyos en los incidentes.
El Congreso tiene razón: deben separarse del cargo
Cuando hay:
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nombres,
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testimonios,
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grabaciones,
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funcionarios involucrados,
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estructuras señaladas,
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operadores directos,
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movilizaciones bajo amenazas,
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y participación documentada en hechos violentos,
entonces lo mínimo indispensable es que ambos alcaldes se separen de su cargo mientras se investiga.
Si son inocentes, volverán.
Pero lo que no pueden hacer es seguir gobernando como si nada mientras su administración está hundida en señalamientos que involucran violencia, presión política y uso indebido de recursos públicos.
Alessandra y Mauricio no son víctimas, son responsables políticos
Hoy, tanto Rojo de la Vega como Tabe intentan presentarse como perseguidos.
Pero los hechos y los nombres dicen otra cosa:
Han permitido que operadores, líderes cuestionados y funcionarios propios se conviertan en actores de conflicto, presión y violencia.
No son víctimas de un ataque político.
Son protagonistas de un escándalo que ellos mismos incubaron.
Y lo que está en juego ya no es su prestigio:
es la legitimidad de sus gobiernos.