El 30 de noviembre de 2025, Honduras vivirá una de las jornadas electorales más trascendentes de su historia reciente. Ese día, los ciudadanos elegirán al próximo presidente, a 128 diputados del Congreso Nacional y a 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. Sin embargo, el camino hacia los comicios está marcado por incertidumbre, tensiones políticas, desconfianza institucional y riesgos de violencia.
Las próximas elecciones no solo representan una competencia por el poder, sino también una prueba de fuego para la democracia hondureña y para la credibilidad de sus instituciones electorales.
Elecciones en Honduras: una democracia en tensión
El país se encuentra en una encrucijada crítica. La memoria de las elecciones de 2017, empañadas por denuncias de fraude y represión, sigue pesando en la conciencia colectiva. En 2021, la violencia electoral dejó al menos 32 homicidios, y en lo que va de 2025 ya se han registrado asesinatos de candidatos a alcaldías.
A menos de cuatro meses de los comicios, se acumulan dudas sobre la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), la capacidad de fiscalización del financiamiento político y la propagación de campañas de desinformación en redes sociales.
Crisis institucional en el Consejo Nacional Electoral (CNE)
El CNE, órgano rector del proceso electoral, atraviesa una profunda crisis interna. Los tres consejeros que lo integran —nombrados por los partidos Liberal, Nacional y Libre— mantienen fuertes disputas que han provocado parálisis en la toma de decisiones.
En las elecciones primarias de marzo de 2025, los problemas logísticos fueron evidentes: retrasos en la entrega de materiales, votaciones extendidas hasta la madrugada e incluso la repetición de procesos en algunos centros. Todo ello debilitó la credibilidad del organismo.
La situación se agravó cuando el fiscal general, Johel Zelaya, abrió investigaciones contra los consejeros por supuestos delitos de traición a la patria y abuso de autoridad. Estas acciones han despertado alarmas entre observadores internacionales, que advierten sobre una posible “intervención judicial excesiva” que ponga en riesgo el proceso electoral.
Polarización y candidatos principales
La contienda presidencial se concentra en tres figuras:
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Rixi Moncada (Partido Libre, en el poder).
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Salvador Nasralla (Partido Liberal).
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Nasry Asfura (Partido Nacional).
Las encuestas muestran resultados contradictorios, según quién las publique, lo que refleja la falta de confianza en las mediciones y alimenta la polarización política.
El recuerdo de 2017, cuando las denuncias de fraude desataron protestas y represión, genera un temor latente: que un escenario similar se repita si los resultados no son claros o son cuestionados.
La amenaza de la desinformación
Uno de los mayores desafíos para estas elecciones es la desinformación digital. En un país donde las redes sociales son el principal canal de información política, proliferan las noticias falsas, los rumores fabricados y los ataques personales.
Organizaciones como Transparencia Electoral han advertido que la manipulación mediática y las campañas sucias erosionan la legitimidad democrática. Sin regulación efectiva, operadores políticos utilizan cuentas falsas y narrativas engañosas para influir en la opinión pública.
La falta de controles efectivos deja a los ciudadanos vulnerables frente a la manipulación digital, lo que incrementa la desconfianza hacia el proceso.
Financiamiento político: un terreno desigual
El arranque de la campaña electoral, el 1 de septiembre de 2025, trajo consigo un fuerte debate sobre los límites de gasto y la fiscalización del financiamiento.
El CNE y la Unidad de Política Limpia fijaron techos de gasto, estableciendo un límite de 508 millones de lempiras para la candidatura presidencial, más de 100 millones por encima de 2021. A nivel legislativo y municipal, los montos varían según el tamaño del electorado y del municipio.
Sin embargo, la gran pregunta es: ¿quién fiscalizará el cumplimiento de estos topes? La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) carece de los recursos técnicos y financieros suficientes para auditar con precisión los gastos de los partidos.
Los analistas advierten que, históricamente, lo declarado por los candidatos no coincide con lo realmente gastado, y que los fondos de origen ilícito, incluidos los provenientes del narcotráfico, siguen infiltrándose en las campañas.
Violencia política: un riesgo latente
La violencia electoral ha sido una constante en Honduras. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), los comicios de 2021 fueron de los más violentos de la región.
De cara a 2025, la situación no parece mejorar. Ya se registran asesinatos de candidatos y episodios de violencia en municipios como San Pedro Sula, donde prácticas cuestionadas de figuras locales han tensado el ambiente.
Departamentos como Cortés, Olancho, Yoro y Francisco Morazán son considerados de alto riesgo debido a la combinación de competencia electoral intensa y altos índices de violencia.
El papel de la comunidad internacional
La OEA, la Unión Europea y organismos como el Centro Carter han mostrado disposición de desplegar misiones de observación electoral. Su presencia será fundamental para dar credibilidad al proceso y mediar en caso de conflictos poselectorales.
La experiencia en Guatemala (2023) demostró que la cooperación internacional puede contribuir a reducir la tensión y garantizar mayor transparencia. Sin embargo, la clave estará en la voluntad de las autoridades hondureñas para permitir un acompañamiento real y efectivo.
Retos inmediatos del proceso electoral
De aquí al 30 de noviembre, Honduras deberá enfrentar al menos cinco grandes desafíos:
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Recuperar la credibilidad del CNE y garantizar un sistema confiable de transmisión de resultados.
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Controlar la violencia política, especialmente en municipios con antecedentes de conflictividad.
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Fiscalizar el financiamiento electoral, cerrando el paso a dinero ilícito.
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Regular la desinformación digital, que amenaza con distorsionar el debate democrático.
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Garantizar observación internacional amplia, que brinde confianza en el proceso.
Elecciones 2025: una prueba de fuego para la democracia hondureña
La cita del 30 de noviembre de 2025 no será una elección más: definirá si Honduras logra avanzar hacia un sistema democrático más fuerte o si, por el contrario, se hunde en la desconfianza, la polarización y la violencia.
La democracia hondureña se encuentra en un punto de inflexión. El reto no es únicamente decidir entre candidatos, sino entre reforzar o debilitar las bases institucionales que sostienen la voluntad popular.
El futuro inmediato dependerá de que el proceso sea transparente, inclusivo y libre de violencia. Solo así, el resultado podrá ser aceptado por todos los actores políticos y por la ciudadanía.
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