La política poblana volvió a tropezar con una práctica que la ciudadanía ha criticado durante años: utilizar eventos dirigidos a jóvenes para fortalecer la imagen de una figura pública mientras el mensaje de formación y participación queda relegado por escenas que hoy circulan ampliamente en redes sociales.

El encuentro denominado “Jóvenes con la Maestra”, relacionado con la secretaria de Bienestar de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, terminó envuelto en una polémica que difícilmente podrá ignorarse. Los videos difundidos muestran a asistentes consumiendo bebidas alcohólicas en un evento cuya finalidad era convocar a las juventudes poblanas.

Aunque no existe información oficial que establezca quién proporcionó el alcohol ni bajo qué condiciones se desarrolló el encuentro, las imágenes han provocado una legítima indignación social. Porque cuando un acto político para jóvenes termina siendo recordado por las bebidas y no por las propuestas, el problema no es la percepción: es la organización.

¿Ese es el modelo de participación que se ofrece a la juventud?

La política debería acercar a los jóvenes mediante ideas, proyectos y formación ciudadana, no mediante eventos cuya imagen pública termina asociada con el consumo de alcohol.

Resulta preocupante que un encuentro de carácter político dirigido a juventudes genere más preguntas que respuestas.

¿Qué controles existieron para garantizar un ambiente responsable?

¿Se verificó la edad de todos los asistentes?

¿Quién autorizó el consumo de bebidas alcohólicas en un evento de esta naturaleza?

Hasta ahora, no existe una explicación pública suficiente.

Promoción política disfrazada de encuentro juvenil

El evento también despierta cuestionamientos sobre su evidente utilidad para posicionar políticamente a Laura Artemisa.

Si bien corresponde únicamente a las autoridades electorales determinar si hubo o no una infracción a la legislación, el encuentro reunió elementos que alimentan el debate público: propaganda personalizada, convocatoria masiva de jóvenes y una fuerte difusión de la imagen de la funcionaria.

En un contexto previo a los procesos electorales, este tipo de actividades inevitablemente generan sospechas sobre una posible promoción personalizada o eventuales actos anticipados, aspectos que solo pueden ser determinados mediante los procedimientos legales correspondientes.

La transparencia sigue brillando por su ausencia

Más allá del componente político, permanece una pregunta elemental: ¿quién pagó el evento?

Los ciudadanos tienen derecho a conocer:

  • Quién financió la logística.
  • Quién cubrió el espectáculo.
  • Quién organizó la convocatoria.
  • Si existieron recursos públicos o aportaciones privadas.
  • Bajo qué criterios se desarrolló una reunión de esta magnitud.

Guardar silencio únicamente alimenta la desconfianza.

Cuando la forma destruye el mensaje

La mayor derrota del evento no es la polémica en redes sociales.

Es haber desperdiciado la oportunidad de construir un verdadero espacio de participación para las juventudes poblanas.

Mientras miles de jóvenes enfrentan problemas de empleo, educación, seguridad y oportunidades, la clase política continúa apostando por eventos donde la imagen parece importar más que el contenido.

Las nuevas generaciones necesitan liderazgos que inspiren con resultados, no con espectáculos.

El INE y el IEE deben revisar lo ocurrido

Las imágenes difundidas justifican que, en caso de presentarse las denuncias correspondientes, las autoridades electorales analicen si el evento respetó la normativa aplicable en materia de promoción personalizada y propaganda política.

No corresponde a la opinión pública declarar culpabilidades, pero sí exigir investigaciones cuando existen elementos que generan dudas razonables sobre la utilización de eventos masivos para construir posicionamientos políticos.

La política necesita recuperar la seriedad

La ciudadanía está cansada de que los eventos políticos se conviertan en espectáculos donde el protagonismo desplaza al debate y donde la organización deja más interrogantes que certezas.

Laura Artemisa tiene la responsabilidad pública de explicar qué ocurrió, quién organizó el encuentro, cómo se financió y qué medidas se implementaron para garantizar que una reunión dirigida a jóvenes se desarrollara bajo criterios de responsabilidad.

Porque gobernar no es llenar salones ni viralizar eventos. Gobernar también implica asumir las consecuencias cuando una actividad pública envía el mensaje equivocado.

Hoy, más que discursos, Puebla necesita respuestas. Y el silencio, frente a una polémica de esta magnitud, solo profundiza la desconfianza ciudadana.