La diputada Leticia Mosso Hernández, coordinadora de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de Guerrero, ha colocado en la agenda legislativa un paquete de iniciativas que buscan transformar de fondo el funcionamiento institucional, fortalecer el marco jurídico contra la violencia de género y elevar los estándares éticos en el acceso a cargos públicos.
Se trata de una serie de propuestas que, aunque abordan distintos ámbitos —constitucional, penal, electoral y orgánico—, comparten un eje común: fortalecer la legalidad, la transparencia y la legitimidad democrática en Guerrero.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa por la que se reforman las fracciones V y VI y se adiciona la fracción VII al artículo 79 Bis, y se adiciona el artículo 89 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. pic.twitter.com/R0WICxAAaQ
— Congreso Guerrero (@congresogro) March 18, 2026
Comisión Permanente no podrá aprobar leyes: una reforma para fortalecer al Pleno
Uno de los puntos centrales de la agenda impulsada por Mosso Hernández es la reforma constitucional orientada a delimitar con mayor precisión las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso local, particularmente durante los periodos de receso legislativo.
La propuesta establece de manera clara que este órgano no podrá discutir ni aprobar dictámenes de ley o decreto, una facultad que, por su naturaleza, corresponde exclusivamente al Pleno del Congreso.
Defensa del principio de representación popular
El planteamiento se sustenta en el principio de representación popular, el cual establece que las decisiones legislativas deben ser tomadas por la totalidad de las y los representantes electos. En este sentido, permitir que un órgano de integración reducida tome decisiones de fondo podría debilitar la legitimidad democrática de las normas.
Mosso Hernández subraya que el Pleno es el único espacio donde se expresa de manera completa la pluralidad política, lo que garantiza que las leyes sean producto de un debate amplio y representativo.
Deliberación democrática y calidad legislativa
Otro de los pilares de la iniciativa es el principio de deliberación democrática. La legisladora sostiene que la discusión, el contraste de ideas y la construcción de consensos sólo pueden darse plenamente en el Pleno.
Delegar estas funciones a la Comisión Permanente implicaría reducir la calidad del proceso legislativo, al limitar la participación de todas las fuerzas políticas.
Certeza jurídica y límites claros
La reforma también busca evitar interpretaciones ambiguas de la ley vigente que pudieran permitir a la Comisión Permanente asumir funciones que no le corresponden.
En ese sentido, la iniciativa no crea nuevas facultades, sino que actúa como un mecanismo de “cierre constitucional”, estableciendo límites explícitos para garantizar el respeto al diseño institucional del Poder Legislativo.
Tipificación de la tentativa de feminicidio: una apuesta contra la impunidad
En el ámbito penal, Leticia Mosso Hernández propone una reforma de alto impacto social: la tipificación expresa del delito de tentativa de feminicidio en el Código Penal del Estado de Guerrero.
La iniciativa contempla la adición de los artículos 135 Bis y 135 Ter, con el objetivo de cerrar vacíos legales que actualmente permiten que agresiones graves contra mujeres sean reclasificadas como delitos menores.
Reconocer la violencia antes de que sea fatal
La legisladora advierte que, aunque el feminicidio ya está tipificado, no existe una figura autónoma que sancione adecuadamente los intentos de privar de la vida a una mujer por razones de género.
Esto provoca que conductas de alta peligrosidad sean tratadas como lesiones u homicidio en grado de tentativa, invisibilizando el componente de violencia de género.
Con la reforma, se busca reconocer jurídicamente estos actos y sancionarlos con mayor severidad.
Penas severas y prisión preventiva
El artículo 135 Bis propone sanciones de entre 20 y 40 años de prisión, además de multas económicas, para quienes incurran en tentativa de feminicidio.
Asimismo, se establece que este delito amerite prisión preventiva oficiosa, debido al riesgo real e inmediato que representa para la vida de las mujeres.
Definición clara de conductas
Para evitar ambigüedades, la iniciativa detalla una serie de conductas que pueden considerarse actos idóneos para producir la muerte, como:
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Estrangulamiento o asfixia
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Golpes reiterados en zonas vitales
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Uso de fuerza física extrema
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Impactos contra superficies duras
Aunque algunos especialistas podrían considerar esta enumeración excesiva, también se interpreta como un esfuerzo por brindar mayor claridad a las autoridades encargadas de impartir justicia.
Responsabilidad para servidores públicos
El artículo 135 Ter introduce un elemento clave: sancionar a las y los servidores públicos que omitan actuar ante casos de violencia de género.
Las penas contemplan:
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De 3 a 8 años de prisión
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Destitución del cargo
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Inhabilitación para ejercer funciones públicas
Además, si la omisión deriva en la muerte de la víctima, la responsabilidad se agrava, lo que refuerza el principio de debida diligencia institucional.
“3 de 3 contra la violencia”: filtro ético para aspirantes a cargos públicos
En materia electoral, la diputada del PT respalda y fortalece el principio de “3 de 3 contra la violencia”, mediante una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
Requisitos más estrictos de elegibilidad
La propuesta establece que ninguna persona podrá acceder a cargos de elección popular si cuenta con antecedentes por:
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Violencia de género
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Delitos sexuales
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Violencia familiar
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Incumplimiento de obligaciones alimentarias
Esta medida se alinea con la reforma constitucional federal de 2023 y con criterios del Tribunal Electoral, consolidando un estándar nacional en la materia.
Impacto en la vida democrática
La iniciativa no sólo tiene un efecto jurídico, sino también simbólico: envía un mensaje claro de que quienes aspiran a gobernar deben cumplir con principios básicos de respeto, igualdad y no violencia.
No obstante, su implementación implicará retos importantes, como la verificación efectiva de antecedentes y la coordinación entre instituciones.
Regulación de la adhesión legislativa: orden y transparencia en el Congreso
Otro de los planteamientos de Mosso Hernández se enfoca en mejorar los procesos internos del Congreso mediante la regulación formal de la figura de la adhesión legislativa.
De práctica informal a norma jurídica
Actualmente, las adhesiones —cuando diputadas y diputados se suman a iniciativas de otros— se realizan sin reglas claras.
La reforma propone:
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Establecer un procedimiento definido
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Determinar momentos específicos para solicitar la adhesión
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Registrar formalmente los respaldos políticos
Beneficios para la transparencia
Esta medida permitirá a la ciudadanía conocer con mayor claridad qué legisladores respaldan cada iniciativa, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia parlamentaria.
Impacto global: reformas que fortalecen la democracia y la justicia
El conjunto de iniciativas impulsadas por Leticia Mosso Hernández refleja una agenda legislativa coherente, con énfasis en:
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Fortalecer la institucionalidad del Congreso
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Combatir la violencia de género con herramientas más eficaces
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Elevar los estándares éticos en la política
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Transparentar los procesos legislativos
Reconocimiento a una agenda integral
Las propuestas han sido turnadas a distintas comisiones para su análisis, entre ellas:
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Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos
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Comisión de Justicia
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Comisión para la Igualdad de Género
Su discusión marcará el rumbo de reformas que podrían tener un impacto significativo en la vida pública de Guerrero.
Leticia Mosso, una voz activa en la transformación legislativa
Con estas iniciativas, la diputada Leticia Mosso Hernández se posiciona como una de las figuras más activas en la construcción de un marco jurídico más sólido en Guerrero.
Su agenda no sólo responde a necesidades legales, sino también a demandas sociales urgentes, particularmente en materia de violencia contra las mujeres y fortalecimiento democrático.
En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia, justicia y representación efectiva, las propuestas impulsadas por la legisladora del PT colocan en el centro del debate la necesidad de un Congreso más responsable, un sistema penal más eficaz y una política más ética.
Guerrero ante una oportunidad de cambio institucional
Las iniciativas promovidas por Leticia Mosso Hernández abren la puerta a una transformación profunda del marco legal en Guerrero.
Si bien aún deberán ser analizadas y discutidas, su contenido apunta a corregir vacíos normativos, fortalecer principios constitucionales y responder a problemáticas sociales de alta relevancia.
En suma, se trata de una agenda legislativa que busca no sólo reformar leyes, sino también reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.