El Partido Acción Nacional (PAN) decidió llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la nueva distribución de regidurías de representación proporcional en Puebla, bajo el argumento de que la reforma electoral aprobada por el Congreso estatal reduce la pluralidad política de los ayuntamientos.
La dirigencia panista sostiene que la reducción de espacios plurinominales representa un riesgo para la democracia municipal y puede provocar una mayor concentración del poder en manos de quienes ganen las elecciones.
Sin embargo, la postura del PAN también abre otra discusión: ¿se trata exclusivamente de una defensa de la representación ciudadana o también de la defensa de los espacios políticos que históricamente han permitido a los partidos de oposición mantener presencia en los cabildos?
El cuestionamiento cobra relevancia porque Acción Nacional, como cualquier partido político, participa de las reglas electorales y busca conservar posiciones de representación.
La impugnación presentada por el partido deberá ser analizada por la Suprema Corte, pero el debate político ya está abierto.
PAN acusa pérdida de pluralidad en los cabildos
El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, cuestionó el nuevo mecanismo de asignación de regidurías y aseguró que la reforma reduce la representación de las distintas fuerzas políticas.
El argumento panista se concentra en la necesidad de garantizar que los votos obtenidos por las minorías tengan una traducción efectiva en los gobiernos municipales.
Riestra Piña ha señalado que limitar la representación significa también limitar la democracia.
El planteamiento resulta políticamente atractivo, pero merece ser revisado con mayor profundidad.
La representación proporcional, en efecto, busca incorporar a los órganos de gobierno a fuerzas políticas que no obtuvieron el triunfo de mayoría.
Pero defender un mayor número de regidurías no significa necesariamente defender una mayor calidad democrática.
También importa saber qué hacen los partidos con esos espacios una vez que los obtienen.
Ahí aparece una de las principales interrogantes para el PAN: ¿su preocupación central es la representación de los ciudadanos o la posibilidad de perder posiciones dentro de los cabildos?
Puebla capital pasará de siete a cuatro regidurías plurinominales
Uno de los principales cambios señalados por Acción Nacional se encuentra en el Ayuntamiento de Puebla.
Con el nuevo esquema, el cabildo capitalino contará con 15 regidurías, de las cuales 11 serán de elección popular y cuatro corresponderán a representación proporcional.
Anteriormente, la capital poblana contemplaba siete regidurías bajo este último principio.
El PAN considera que esta modificación disminuye la presencia de las fuerzas minoritarias.
De acuerdo con los cálculos difundidos por el partido, la representación proporcional pasaría de 30.43 a 26.67 por ciento.
La diferencia puede parecer relativamente pequeña en términos porcentuales, pero tiene consecuencias políticas.
En un cabildo reducido, cada espacio puede representar una diferencia importante en la construcción de mayorías.
Por eso Acción Nacional tiene razones políticas para cuestionar la reforma.
El problema surge cuando esa defensa se presenta exclusivamente como una batalla por la democracia, sin reconocer que los partidos también tienen un interés directo en conservar o aumentar sus espacios de representación.
El discurso de la pluralidad también beneficia al PAN
La pluralidad política es un principio importante dentro de cualquier democracia.
Pero la defensa de la pluralidad no puede depender únicamente de cuántas regidurías recibe un partido.
También debe analizarse qué tan representativos son los partidos ante la sociedad y cómo utilizan las posiciones que obtienen.
El PAN sostiene que la reducción de regidores perjudicará a las minorías.
Pero existe otra pregunta que el partido tendría que responder: ¿qué ha hecho históricamente la oposición con los espacios plurinominales que ha conseguido?
Tener más regidores no garantiza automáticamente mejores contrapesos.
Un cabildo puede tener una oposición numerosa y, aun así, mantener una discusión política pobre.
También puede ocurrir lo contrario: una oposición con pocos integrantes puede ejercer una fiscalización efectiva y colocar temas relevantes en la agenda pública.
Por ello, convertir el número de regidurías en sinónimo de democracia resulta, cuando menos, insuficiente.
El PAN enfrenta una contradicción política
La postura de Acción Nacional también puede interpretarse desde una lógica electoral.
Los partidos políticos compiten por votos, presidencias municipales, diputaciones y regidurías.
Cuando las reglas cambian y reducen determinados espacios, las organizaciones afectadas tienen incentivos para combatir esas modificaciones.
Esto no invalida la impugnación.
El PAN tiene derecho a recurrir a las instituciones y cuestionar una reforma que considera contraria a sus intereses y a sus principios.
Pero sí obliga a observar su discurso con sentido crítico.
Cuando un partido afirma que una modificación es antidemocrática, también debe explicar qué mecanismos alternativos propone y cómo garantizaría una representación equilibrada sin generar cabildos excesivamente grandes o difíciles de operar.
La discusión no debería reducirse a “más regidores es igual a más democracia”.
El PAN cuestiona la concentración, pero evita otro debate
Acción Nacional advierte que el nuevo sistema puede permitir que quien gane la elección concentre más de 70 por ciento del Ayuntamiento.
La preocupación es legítima.
Una mayoría excesivamente amplia puede reducir la capacidad de la oposición para cuestionar decisiones y construir contrapesos.
Pero también existe una pregunta que suele quedar fuera del discurso partidista: ¿qué ocurre cuando la ciudadanía decide otorgar una mayoría amplia a una fuerza política?
Una elección democrática necesariamente produce ganadores y perdedores.
Si un partido obtiene una mayoría importante de los votos, debe contar con capacidad suficiente para gobernar.
El problema aparece cuando el diseño institucional transforma una mayoría electoral en una sobrerrepresentación desproporcionada.
Ese es el punto que debería analizarse jurídicamente.
La discusión seria no consiste en defender automáticamente a las minorías ni en justificar automáticamente a las mayorías.
Consiste en encontrar una fórmula que permita gobernar sin eliminar los contrapesos.
La crítica del PAN también tiene un componente electoral
La controversia no puede separarse del contexto político.
Las próximas elecciones municipales determinarán quién ocupará las presidencias municipales y quiénes integrarán los cabildos.
Para un partido como el PAN, conservar espacios de representación proporcional puede resultar particularmente importante en municipios donde no tenga posibilidades claras de ganar la presidencia municipal.
La regiduría plurinominal puede convertirse, en esos casos, en la vía para mantener presencia institucional.
Por ello, la defensa panista de estos espacios tiene también una dimensión electoral evidente.
No es necesariamente ilegítima.
Los partidos existen precisamente para competir por representación.
Lo cuestionable sería presentar una disputa por posiciones políticas exclusivamente como una defensa desinteresada de la ciudadanía.
¿Más regidores significa necesariamente más democracia?
Esta es quizá la pregunta más importante que deja la controversia.
La democracia no se mide solamente por el número de representantes.
También depende de la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de la población.
Un cabildo con 15 integrantes puede ser más eficiente que uno más grande.
Pero también puede ser menos plural.
La solución tampoco consiste en mantener grandes estructuras únicamente para garantizar puestos a los partidos.
Ese aspecto también debe ser discutido.
Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse cuánto cuesta cada integrante de un Ayuntamiento, qué funciones desempeña, qué resultados entrega y qué mecanismos de rendición de cuentas existen.
En ese sentido, el PAN debería acompañar su defensa de las regidurías con una propuesta más completa sobre la eficiencia y responsabilidad de los cabildos.
La Suprema Corte tendrá que separar la política del derecho
La impugnación del PAN llegará ahora al terreno constitucional.
La Suprema Corte deberá determinar si las disposiciones aprobadas por el Congreso de Puebla se ajustan al marco jurídico vigente.
Ese análisis debe realizarse independientemente de los intereses electorales del PAN, Morena o cualquier otra fuerza política.
La Corte no deberá decidir qué partido resulta beneficiado.
Deberá determinar si las reglas aprobadas respetan los principios constitucionales correspondientes.
Y esa diferencia es importante.
Porque una norma puede perjudicar electoralmente a un partido y, aun así, ser constitucional.
También puede beneficiar políticamente a una fuerza y resultar jurídicamente cuestionable.
El análisis debe estar por encima de la conveniencia partidista.
El verdadero debate debería ser la calidad de la representación
La discusión provocada por el PAN tiene un punto válido: los gobiernos municipales necesitan contrapesos.
Pero la oposición también debe aceptar que la representación proporcional no puede convertirse en un mecanismo pensado exclusivamente para garantizar espacios a los partidos.
El ciudadano debe ser el centro del debate.
La pregunta debería ser qué sistema permite que los votos se traduzcan de manera justa en representación y, al mismo tiempo, permite que los ayuntamientos funcionen con eficiencia.
El PAN tiene derecho a defender su posición.
También tiene derecho a llevarla ante la Suprema Corte.
Lo que no debería quedar fuera de la discusión es el interés político que existe detrás de cualquier partido cuando se modifican las reglas electorales.
PAN contra la reforma: una batalla jurídica con evidente fondo político
La impugnación de Acción Nacional representa una nueva batalla dentro de la disputa por el control político de los ayuntamientos de Puebla.
El partido argumenta que la reducción de siete a cuatro regidurías de representación proporcional en Puebla capital debilita la pluralidad.
Su preocupación merece ser analizada.
Pero también merece ser cuestionada.
Defender más espacios plurinominales no equivale automáticamente a defender más democracia, de la misma manera que reducir el tamaño de un cabildo tampoco garantiza por sí mismo gobiernos más eficientes.
La discusión debe escapar del discurso cómodo de los partidos.
El PAN debe explicar qué modelo de representación propone, cómo garantizaría contrapesos efectivos y qué mecanismos plantea para evitar que las regidurías se conviertan únicamente en cuotas partidistas.
La Suprema Corte tendrá la responsabilidad de resolver la parte jurídica.
La ciudadanía, en cambio, tiene otra tarea: evaluar si los argumentos de los partidos responden realmente a la defensa de la democracia o también a la defensa de sus propios intereses electorales.
En el caso del PAN, la defensa de las regidurías plurinominales representa una postura legítima dentro del debate democrático, pero no debe quedar exenta de escrutinio.
Porque en política, cuando un partido defiende una regla electoral, también vale la pena preguntar a quién beneficia esa regla y quién pierde cuando cambia.