El pasado sábado 26 de julio, mientras en la Ciudad de México se celebraban los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y en Cuba se conmemoraba el asalto al cuartel Moncada, en la ciudad de Puebla se desarrolló el Foro para Impulsar la Reforma al Artículo 27 de la Constitución.
Este evento, convocado por diversas organizaciones, abrió un espacio de análisis y debate sobre los cambios necesarios en la legislación agraria. Sin embargo, en muchas coberturas mediáticas ha pasado desapercibido un tema fundamental: el papel de las mujeres rurales y la necesidad urgente de incorporar la perspectiva de género en la reforma.
Mujeres rurales: pilar de la vida comunitaria y la producción
En las zonas rurales de México, las mujeres han desempeñado durante siglos un papel esencial en los procesos de reproducción social y en el sostenimiento de la vida comunitaria. No solo son productoras, sino también portadoras de una herencia biocultural invaluable, conocedoras del territorio, de los recursos y de su conservación.
A pesar de esta labor, muchas mujeres no cuentan con un reconocimiento legal que respalde su derecho a la tierra. Incluso cuando son esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros fallecidos, y aun cuando la Ley Agraria establece que pueden heredar, en la práctica los derechos muchas veces no se les transfieren.
Diversidad cultural y desigualdad persistente
México es uno de los países con mayor biodiversidad y diversidad cultural del mundo, con 70 pueblos indígenas y 68 lenguas originarias. Paradójicamente, es en estos territorios, mayoritariamente rurales y de propiedad social —ejidos y comunidades agrarias—, donde se concentra la mayor riqueza natural, pero también las condiciones más severas de pobreza, desigualdad y exclusión.
Las mujeres de estas comunidades enfrentan barreras históricas para acceder a la tierra, participar en la toma de decisiones y ejercer sus derechos agrarios.
Cifras que evidencian la brecha de género en el campo
De acuerdo con el Censo de Población 2020, el 22% de la población mexicana vive en zonas rurales. En el Censo Económico 2024, la participación laboral femenina aumentó 1.9%, alcanzando un 64% en servicios educativos y de salud, y un 19% en el sector agrícola. Sin embargo, solo el 7.4% de los órganos de representación de ejidos y comunidades está presidido por una mujer, según datos del Registro Agrario Nacional (RAN).
En el estado de Puebla, existen 1,731 núcleos agrarios (1,309 ejidos y 422 comunidades), con 35,743 mujeres ejidatarias. De ellas, el 7.4% ocupa cargos de presidencia en órganos de representación. La desigualdad en cargos se refleja en que, de 577 ejidos con órganos vigentes, solo 54 mujeres presiden comisariados ejidales frente a 499 hombres.
Participación de las mujeres en cargos agrarios en Puebla (2024)
Comisariados Ejidales:
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Presidencia: 54 mujeres vs. 499 hombres
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Secretaría: 140 mujeres vs. 414 hombres
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Tesorería: 180 mujeres vs. 373 hombres
Consejos de Vigilancia:
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Presidencia: 73 mujeres vs. 503 hombres
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Primera Secretaría: 190 mujeres vs. 387 hombres
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Segunda Secretaría: 227 mujeres vs. 349 hombres
En las comunidades agrarias la brecha es aún más notoria: en los Comisariados de Bienes Comunales, solo 4 mujeres presiden, frente a 53 hombres.
Un derecho reconocido en la ley, pero no en la realidad
La Ley Agraria reconoce desde 1992 el derecho de las mujeres a participar en los órganos de representación ejidal y comunal. En 2018 se reformó su artículo 37 para garantizar la paridad de género, otorgando a las mujeres ejidatarias y comuneras pleno derecho a voz y voto en las asambleas.
No obstante, las cifras demuestran que esta paridad no se ha materializado plenamente. Las barreras culturales, la falta de mecanismos de aplicación y las limitaciones institucionales mantienen la participación femenina muy por debajo de lo esperado.
Paridad de género: clave para redistribuir el poder
La paridad de género no es solo un principio de igualdad formal, sino una estrategia para redistribuir el poder en espacios públicos y privados. Su implementación en el ámbito agrario debería transformar las instituciones y garantizar que las mujeres sean protagonistas en la gestión de la tierra.
El acceso de las mujeres a los derechos agrarios no solo les da voz y voto, sino que también fortalece la seguridad alimentaria, la economía local y la sustentabilidad de los territorios.
Programas y políticas públicas a favor de las mujeres rurales
El gobierno federal, en el marco de la Cuarta Transformación, ha impulsado programas como “Mujeres por el acceso a la tierra”, que busca coordinar acciones entre la Procuraduría Agraria y otras instituciones para garantizar el reconocimiento de los derechos agrarios femeninos.
Sin embargo, para que estos esfuerzos tengan impacto real, es necesario fortalecer la Ley Agraria y las políticas públicas relacionadas, asegurando su correcta implementación en todo el país.
Retos para la reforma del Artículo 27 con perspectiva de género
La inclusión de la perspectiva de género en la reforma del Artículo 27 Constitucional debe partir de un diagnóstico claro sobre las limitantes que enfrentan las mujeres rurales. Se pueden identificar tres ejes clave:
1. Retos políticos, socioculturales y económicos
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Desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra.
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Poca participación en la toma de decisiones comunitarias.
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Discriminación y exclusión por razones de género.
2. Reparto desigual de las tareas y rol de las instituciones
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Sobrecarga de trabajo doméstico y comunitario sin reconocimiento.
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Escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo.
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Falta de acciones afirmativas efectivas desde las instancias de justicia agraria.
3. Adecuaciones a la normativa agraria
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Necesidad de reformas legales que aseguren la participación femenina.
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Eliminación de prácticas que dificultan la sucesión de derechos a favor de mujeres.
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Programas de capacitación y fortalecimiento organizativo para mujeres rurales.
Una deuda histórica con las mujeres del campo
Incorporar la perspectiva de género en la reforma agraria no es solo un tema de justicia social, sino una deuda histórica con las mujeres que sostienen la vida y la producción en las zonas rurales.
Reconocer su papel, garantizar su acceso a la tierra y fortalecer su participación en los órganos de decisión es fundamental para avanzar hacia una justicia agraria con igualdad de condiciones.
La reforma del Artículo 27 Constitucional no puede ignorar las voces de las mujeres rurales. La paridad de género debe ser un eje central de la legislación agraria, acompañado de políticas públicas efectivas y un cambio cultural profundo en las comunidades.
Solo así será posible cerrar la brecha de género en el campo y asegurar que las mujeres tengan el lugar que legítimamente les corresponde en la historia y en el presente de México.
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