La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados en acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con la dependencia encabezada por Ernestina Godoy Ramos, las comparecencias forman parte de una investigación derivada de las acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La FGR precisó que las personas señaladas deberán acudir a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las indagatorias abiertas tanto en Sinaloa como en Chihuahua.
¿Por qué la FGR citó a Rubén Rocha Moya?
La investigación se desprende de una acusación presentada en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades judiciales estadounidenses señalan que diversos funcionarios mexicanos habrían recibido sobornos del Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres incluidos en las acusaciones se encuentra el de Rubén Rocha Moya, quien actualmente se encuentra con licencia como gobernador de Sinaloa. La FGR confirmó que ya inició diligencias ministeriales para recabar testimonios y determinar si existen elementos que acrediten posibles nexos con la delincuencia organizada.
La institución federal subrayó que las entrevistas ministeriales forman parte de los procedimientos legales habituales y reiteró que las investigaciones se realizan conforme a las atribuciones constitucionales y legales correspondientes.
Lista de funcionarios citados por la FGR
Además de Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República llamó a comparecer a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa mencionados en las investigaciones estadounidenses:
- Enrique Inzunza Cázares, senador de la República.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal estatal.
- Marco Antonio Almanza Avilés, excomisario de la Policía de Investigación.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
- José Dionisio Hipólito, excomandante de la Policía Estatal Preventiva.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, mando de la Policía Municipal de Culiacán.
La FGR no detalló las fechas ni los horarios en que deberán presentarse los funcionarios señalados, aunque confirmó que las diligencias ya se encuentran en proceso.
Estados Unidos investiga presuntos vínculos con “Los Chapitos”
Las acusaciones formuladas en territorio estadounidense forman parte de una estrategia de investigación más amplia contra integrantes y presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa.
En particular, la justicia estadounidense mantiene investigaciones relacionadas con la facción conocida como “Los Chapitos”, identificada como una de las estructuras criminales más relevantes dentro del grupo delictivo.
Las autoridades mexicanas señalaron que las diligencias buscan esclarecer si existieron vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales, así como determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Hasta el momento, ninguno de los funcionarios mencionados ha sido declarado culpable por autoridad judicial mexicana, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia.
FGR también cita a Maru Campos por caso “CIAgate”
En paralelo al caso de Sinaloa, la FGR informó que también citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida políticamente como Maru Campos, así como al exfiscal estatal César Jáuregui.
En este caso, ambos fueron llamados a comparecer en calidad de testigos dentro de las investigaciones relacionadas con la presunta participación de agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en un operativo realizado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, durante los días 17 y 18 de abril.
La Fiscalía indicó que las entrevistas ministeriales buscan esclarecer la cadena de mando de las personas servidoras públicas involucradas en dicho operativo.
El caso ha sido denominado mediáticamente como “CIAgate” debido a las versiones que apuntan a la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Sheinbaum afirma que los citatorios son parte de investigaciones en curso
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a los citatorios emitidos por la FGR y aseguró que las comparecencias forman parte de procedimientos ministeriales ordinarios relacionados con investigaciones abiertas.
Durante una breve declaración a medios, la mandataria explicó que, según la información proporcionada por la Fiscalía a la Secretaría de Gobernación, no existe ninguna situación adicional más allá de las diligencias legales correspondientes.
“Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para los casos de Chihuahua y Sinaloa; es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, declaró Sheinbaum.
La presidenta evitó profundizar sobre el contenido de las investigaciones y reiteró que corresponde únicamente a la FGR conducir las indagatorias conforme al debido proceso.
¿Qué implica una entrevista ministerial ante la FGR?
Especialistas en derecho penal señalan que una entrevista ministerial no implica automáticamente que exista una imputación formal o una acusación penal directa contra las personas citadas.
En este tipo de procedimientos, la autoridad ministerial busca obtener información, testimonios y elementos que permitan fortalecer o descartar líneas de investigación.
La FGR enfatizó que en ambos casos —Sinaloa y Chihuahua— las actuaciones se realizan bajo estricto apego al marco constitucional y legal, además de respetar el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
Rubén Rocha Moya y la crisis política en Sinaloa
La citación contra Rubén Rocha Moya ocurre en un momento de alta tensión política y de seguridad en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha enfrentado un incremento de violencia relacionada con disputas internas del crimen organizado.
La ausencia pública del mandatario con licencia durante las últimas semanas había generado especulación política y cuestionamientos en distintos sectores sociales y políticos.
Con esta decisión, la FGR coloca nuevamente a Sinaloa en el centro del debate nacional sobre seguridad, corrupción y posibles vínculos entre estructuras criminales y funcionarios públicos.
Analistas consideran que las investigaciones podrían tener repercusiones políticas importantes rumbo a los próximos procesos electorales y en la percepción ciudadana sobre las instituciones de procuración de justicia.
FGR asegura que actuará con “seriedad y exhaustividad”
En su comunicado oficial, la Fiscalía General de la República reiteró que las investigaciones avanzarán conforme a las atribuciones constitucionales de la institución y con estricto respeto al debido proceso.
La dependencia subrayó que ambos expedientes son considerados de interés público debido a las implicaciones políticas, de seguridad y de cooperación internacional que representan.
Asimismo, sostuvo que continuará realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos relacionados tanto con las acusaciones presentadas en Estados Unidos como con el operativo realizado en Chihuahua.
Por ahora, las investigaciones continúan en etapa ministerial y se espera que en los próximos días la FGR informe sobre nuevos avances o posibles determinaciones jurídicas derivadas de las comparecencias