Rubén Rocha Moya volvió este viernes a la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo. Su reincorporación fue presentada por el mandatario como el cumplimiento de su responsabilidad constitucional, pero políticamente abrió un nuevo frente de cuestionamientos dentro y fuera de Morena.
Rocha Moya notificó al Congreso local su decisión de concluir la licencia y regresar al Ejecutivo estatal. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Eligio López Portillo, el aviso fue recibido alrededor de las 7:50 horas y no fue necesario convocar a una sesión extraordinaria para concretar su reincorporación.
El regreso ocurre después de que el gobernador solicitara licencia el pasado 1 de mayo, en un contexto marcado por señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. Rocha Moya ha rechazado de manera categórica esas acusaciones y sostiene que carecen de fundamento.
Sin embargo, la polémica no desapareció con su regreso. Por el contrario, la decisión generó una reacción poco habitual dentro de su propio partido: Morena se deslindó públicamente y aseguró que no fue consultado antes de que el gobernador decidiera retomar sus funciones.
Rocha Moya llega al Palacio de Gobierno: “Vengo a tomar posesión de nuevo”
El retorno del mandatario comenzó en el Palacio de Gobierno de Sinaloa.
A su llegada, Rocha Moya se encontró con madres buscadoras de Navolato, quienes aprovecharon su presencia para reclamar atención a los casos de personas desaparecidas.
Una de las integrantes del colectivo le entregó expedientes relacionados con sus investigaciones y cuestionó la falta de resultados de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La protesta representa uno de los contrastes más fuertes del regreso del gobernador. Mientras Rocha Moya retomaba el control del Ejecutivo estatal, las familias de personas desaparecidas volvieron a colocar sobre la mesa una de las crisis más delicadas de Sinaloa.
La madre buscadora reclamó que existen siete fosas pendientes de abrir y calificó como vergonzosa la situación que enfrenta la comisión.
Ante los reporteros que le preguntaron sobre su presencia en el Palacio de Gobierno, el gobernador respondió: “Vengo a tomar posesión de nuevo”.
La frase sintetizó la decisión de regresar, pero también evidenció que el mandatario vuelve a un gobierno que enfrenta problemas pendientes que no desaparecieron durante su licencia.
El gobernador retoma el control de su gabinete
Después de su llegada, Rocha Moya encabezó la Mesa de Construcción de Paz, una de las reuniones institucionales relacionadas con la estrategia de seguridad del estado.
Posteriormente, tomó protesta nuevamente a Yeraldine Bonilla como secretaria general de Gobierno.
Bonilla había ocupado esa posición antes de convertirse en gobernadora interina, luego de que el Congreso de Sinaloa aprobara la licencia de Rocha Moya.
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— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 21, 2026
Con su regreso, el gobernador comenzó a reordenar nuevamente la estructura de su administración.
Más tarde se reunió con los integrantes de su gabinete en el Salón de Gobernadores. El objetivo fue conocer el estado que guardan los asuntos de la administración estatal durante los 112 días de ausencia.
El movimiento resulta relevante porque el gobierno de Sinaloa deberá recuperar una línea de conducción política después de más de tres meses con una administración interina.
Morena marca distancia del gobernador
El aspecto políticamente más significativo del regreso de Rocha Moya fue la reacción de Morena.
La dirigencia nacional del partido aseguró que no tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador y calificó su reincorporación como una determinación personal.
El deslinde es particularmente relevante porque Rocha Moya llegó a la gubernatura bajo las siglas de Morena y su administración forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación.
El partido señaló que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas.
En otras palabras, Morena decidió no asumir políticamente el costo de la decisión del gobernador.
La postura también revela una preocupación evidente: que el regreso de Rocha Moya pueda convertirse en un problema para el partido en un momento en el que la organización busca mantener cohesión interna y proyectar una imagen de disciplina institucional.
Gobernadores de Morena también se desmarcan
El distanciamiento no terminó con el comunicado de la dirigencia nacional.
Gobernadoras y gobernadores de Morena difundieron un pronunciamiento en el que pidieron a Rocha Moya conducirse con “madurez y responsabilidad”.
Los mandatarios sostuvieron que las decisiones individuales no pueden estar por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano.
El mensaje fue respaldado por 23 gobernadoras y gobernadores, además de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Entre los firmantes se encuentran los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta; Estado de México, Delfina Gómez; Oaxaca, Salomón Jara; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Quintana Roo, Mara Lezama; Sonora, Alfonso Durazo, y Baja California, Marina del Pilar Ávila.
El pronunciamiento deja una lectura política difícil de ignorar: Rocha Moya regresó al cargo, pero su reincorporación no fue acompañada por un cierre de filas general dentro del partido.
Por el contrario, distintos actores de Morena consideraron necesario remarcar que la decisión fue individual.
Diputados de Morena piden reconsiderar el regreso
La polémica llegó también al Congreso de la Unión.
Mientras la bancada de Morena en el Senado calificó el regreso como una decisión personal, diputados federales plantearon que Rocha Moya debería reconsiderar su reincorporación y solicitar nuevamente licencia.
El argumento central es que las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra todavía deben continuar.
Los legisladores sostuvieron que una nueva separación del cargo podría evitar cuestionamientos sobre el desarrollo de las indagatorias.
Es importante señalar que pedir una licencia no significaría, por sí mismo, reconocer responsabilidad alguna. Se trataría de una decisión política orientada a preservar la confianza en las investigaciones mientras las autoridades determinan lo que corresponda.
La oposición acusa falta de claridad
Los partidos de oposición aprovecharon el regreso para cuestionar tanto al gobernador como a Morena.
Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente estatal Sergio Esquer, consideró indignante la reincorporación y sostuvo que las familias afectadas por la violencia merecen resultados antes que discursos políticos.
El PRI de Sinaloa también cuestionó que el regreso se presente como una especie de cierre del episodio.
La dirigencia priista sostuvo que no debe confundirse la reincorporación legal con una absolución y pidió conocer qué se investigó, qué resultados existen y qué asuntos continúan pendientes.
El PAN de Mazatlán fue todavía más crítico y calificó como vergonzoso el regreso del gobernador en un contexto marcado, según su posicionamiento, por violencia, incertidumbre y afectaciones a la economía.
La oposición intenta convertir el regreso de Rocha Moya en un problema político para Morena, especialmente al insistir en que las investigaciones y los cuestionamientos no pueden darse por terminados simplemente porque el gobernador volvió a su oficina.
El punto crítico: regresar no equivale a cerrar las investigaciones
Aquí se encuentra uno de los principales puntos de tensión.
Desde el punto de vista institucional, Rocha Moya puede reincorporarse al cargo al concluir su licencia temporal.
Pero desde el punto de vista político, su regreso plantea una pregunta mucho más complicada: ¿qué ocurre con las investigaciones y los señalamientos que provocaron su separación?
El propio gobernador afirma que se puso a disposición de las autoridades y que las acusaciones carecen de fundamento.
No obstante, distintas posturas políticas han insistido en que las investigaciones deben continuar.
Por ello, presentar el regreso como el final del problema sería, cuando menos, prematuro.
Una investigación no se define por una declaración política, sino por los resultados de las autoridades competentes.
Ese será precisamente uno de los aspectos que deberán observarse durante los próximos meses.
Las madres buscadoras colocan nuevamente la crisis de seguridad en el centro
Más allá de la disputa partidista, la llegada de Rocha Moya al Palacio de Gobierno tuvo un elemento que resulta difícil pasar por alto: la protesta de madres buscadoras.
Mientras los partidos discutían sobre la legalidad y conveniencia política del regreso, las familias reclamaban por expedientes, fosas y personas que todavía no han sido localizadas.
La escena expone una de las contradicciones que enfrenta el gobierno estatal.
La administración puede recuperar su normalidad institucional, reorganizar el gabinete y retomar reuniones de seguridad. Sin embargo, para las familias de las víctimas, la normalidad todavía está lejos de existir.
La exigencia de las madres buscadoras pone presión sobre el gobernador para que la agenda de seguridad no quede reducida a discursos o reuniones.
El regreso tendrá que demostrar resultados concretos en búsqueda de personas, atención a víctimas y combate a la violencia.
Rocha Moya asegura que terminará su mandato en 2027
El gobernador ha señalado que su intención es permanecer en el cargo hasta el final de su periodo constitucional, previsto para octubre de 2027.
Con ello, Rocha Moya pretende cerrar la etapa de incertidumbre generada durante su licencia y retomar el control político y administrativo del estado.
Sin embargo, su camino hacia 2027 estará condicionado por tres factores principales: la evolución de las investigaciones, la situación de seguridad en Sinaloa y su relación con la dirigencia de Morena.
El primero será particularmente delicado.
Si las investigaciones no producen resultados concluyentes, el tema continuará siendo utilizado por sus adversarios políticos.
Si las autoridades presentan nuevos elementos, el escenario podría complicarse todavía más.
Y si las investigaciones concluyen sin responsabilidades, Rocha Moya podrá utilizar ese resultado para fortalecer su argumento de que los señalamientos fueron infundados.
Un regreso legal, pero políticamente incómodo
El caso de Rubén Rocha Moya muestra la diferencia entre una decisión jurídicamente posible y una decisión políticamente conveniente.
El Congreso local considera procedente su reincorporación y el gobernador retomó formalmente sus funciones.
Pero el regreso no produjo una fotografía de unidad política.
Morena se deslindó.
Gobernadores morenistas pidieron madurez y responsabilidad.
Diputados federales cuestionaron la conveniencia de su regreso.
La oposición exigió explicaciones.
Y las madres buscadoras aprovecharon su llegada para reclamar respuestas sobre personas desaparecidas.
Todo esto coloca al gobernador nuevamente en el centro de la agenda pública.
Lo que queda pendiente
El regreso de Rubén Rocha Moya no puede medirse únicamente por el acto administrativo de retomar el cargo.
Ahora deberá demostrar que puede gobernar en un escenario marcado por cuestionamientos políticos y una profunda crisis de seguridad.
También tendrá que transparentar, en la medida que legalmente corresponda, la evolución de las investigaciones que se han convertido en el principal argumento de sus críticos.
El verdadero reto será pasar del discurso a los resultados.
Sinaloa necesita respuestas en seguridad, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación económica y confianza institucional. El gobernador vuelve a la oficina, pero los problemas que enfrentaba antes de solicitar licencia siguen ahí.
Por eso, más que preguntarse solamente por qué regresó Rocha Moya, la discusión pública deberá centrarse en qué resultados ofrecerá después de su regreso y qué ocurrirá con las investigaciones que todavía generan dudas.
El reloj político ya está en marcha rumbo a octubre de 2027.
Y esta vez, el gobernador tendrá que gobernar bajo una presión política mayor, incluso desde sectores de su propio movimiento.