La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina realizada este lunes 18 de mayo de 2026 en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que el bloqueo financiero se realizó de manera preventiva y automática, derivado de los mecanismos de coordinación entre instituciones bancarias mexicanas y estadounidenses.
La titular del Ejecutivo rechazó que exista una investigación formal de la UIF contra Rocha Moya y aseguró que la medida no responde a una decisión discrecional del gobierno mexicano.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, explicó Sheinbaum.
La presidenta agregó que solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera emitir un comunicado oficial para aclarar el procedimiento y evitar especulaciones en torno al caso.
Claudia Sheinbaum niega investigación directa de la UIF contra Rocha Moya
Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum insistió en que el congelamiento de cuentas no significa que exista una investigación penal abierta en México contra el exgobernador sinaloense.
Según explicó, este tipo de acciones forman parte de protocolos automáticos aplicados por instituciones financieras cuando autoridades extranjeras emiten órdenes judiciales o señalamientos relacionados con operaciones financieras sospechosas.
La presidenta subrayó que estos procedimientos son comunes en casos donde existe intercambio de información financiera internacional.
“Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, reiteró la mandataria federal.
Las declaraciones surgieron luego de que diversos medios nacionales revelaran que la UIF habría solicitado el bloqueo de cuentas relacionadas con Rocha Moya, familiares cercanos y funcionarios ligados a su administración.
Estados Unidos acusa a funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con “Los Chapitos”
El caso tomó fuerza después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara acusaciones contra integrantes de la cúpula política y de seguridad de Sinaloa por presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con el grupo conocido como “Los Chapitos”.
De acuerdo con los reportes difundidos por autoridades estadounidenses, los implicados habrían participado en una estructura de protección política, financiera y operativa relacionada con actividades de narcotráfico y tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Las investigaciones señalan posibles delitos como:
- Conspiración para importar narcóticos
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Protección institucional a grupos criminales
- Colaboración con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas
La acusación provocó un fuerte impacto político debido a que involucra a funcionarios en activo, mandos de seguridad y figuras cercanas al poder estatal en Sinaloa.
¿Quiénes son los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos?
Las autoridades estadounidenses identificaron a diez personajes ligados al gobierno y a las corporaciones de seguridad de Sinaloa.
Entre los señalados aparecen:
- Rubén Rocha Moya
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”
El expediente, según versiones periodísticas, describe una presunta red integrada por operadores políticos, mandos policiacos y funcionarios encargados de áreas financieras y de seguridad pública.
UIF emite comunicado sobre congelamiento preventivo de cuentas
Horas después de las declaraciones de Sheinbaum, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado donde confirmó la aplicación de medidas preventivas de inmovilización financiera.
La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detalló que las acciones consistieron en adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
La UIF explicó que estas medidas surgieron a partir de reportes generados por instituciones del sistema financiero mexicano tras los señalamientos difundidos por autoridades estadounidenses.
📢 #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
Según el organismo, el procedimiento se realizó bajo criterios preventivos y de supervisión financiera internacional.
El comunicado señala que los bancos mexicanos activaron protocolos derivados de la cooperación bancaria con entidades de Estados Unidos.
Rocha Moya rechaza acusaciones y asegura que son infundadas
Por su parte, Rubén Rocha Moya ha rechazado públicamente las acusaciones realizadas en Estados Unidos y sostiene que no existen pruebas que acrediten algún vínculo con organizaciones criminales.
El mandatario con licencia calificó los señalamientos como “infundados” y aseguró que enfrentará cualquier proceso legal correspondiente.
El caso ha generado una fuerte presión política en Sinaloa y abrió un debate nacional sobre los alcances de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al lavado de dinero.
Además, especialistas en seguridad consideran que las acusaciones podrían representar uno de los mayores golpes políticos contra una estructura gubernamental estatal relacionada presuntamente con el crimen organizado.
Crece tensión política entre México y Estados Unidos por caso Sinaloa
La investigación también ha provocado tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos debido a las implicaciones políticas del caso.
Mientras autoridades estadounidenses avanzan con procesos judiciales y órdenes de captura, el gobierno mexicano ha insistido en respetar los procedimientos legales nacionales y el principio de presunción de inocencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no actuará con base en presiones políticas externas, aunque reconoció que los mecanismos financieros internacionales obligan a tomar ciertas medidas preventivas.
Analistas políticos consideran que este caso podría convertirse en un tema central de la relación bilateral en los próximos meses, especialmente por el impacto mediático y las implicaciones de seguridad regional.
Congelamiento de cuentas: ¿qué significa y cómo opera la UIF?
El congelamiento de cuentas bancarias es una medida utilizada por la UIF para impedir movimientos financieros de personas físicas o morales relacionadas con posibles operaciones ilícitas.
En muchos casos, la inmovilización se activa cuando existen:
- Reportes de operaciones sospechosas
- Solicitudes internacionales
- Alertas financieras
- Investigaciones por lavado de dinero
- Señalamientos vinculados al narcotráfico
La Lista de Personas Bloqueadas permite a las instituciones financieras suspender temporalmente el acceso a recursos mientras se realizan revisiones legales y administrativas.
Sin embargo, expertos jurídicos recuerdan que el bloqueo preventivo no constituye una sentencia ni implica automáticamente culpabilidad.
Caso Rocha Moya pone bajo escrutinio a la clase política de Sinaloa
El escándalo ha provocado una ola de reacciones dentro del escenario político mexicano, particularmente en Sinaloa, donde diversos actores han pedido transparencia y esclarecimiento total de las acusaciones.
Organizaciones civiles y sectores empresariales han solicitado que las investigaciones se conduzcan con apego a derecho y sin motivaciones políticas.
Mientras tanto, el caso continúa creciendo tanto en México como en Estados Unidos, donde las autoridades mantienen abiertas las indagatorias relacionadas con presuntas operaciones del Cártel de Sinaloa y posibles redes de protección institucional.
La evolución de este expediente podría tener repercusiones importantes en el ámbito político nacional y en la estrategia bilateral de combate al narcotráfico.